Entre regularizables y no, hay más de 11.000 casas a la espera de solución. Más de 6.600 son las que a lo largo de los trece años de PGOU han iniciado alguno de los trámites para regularizarse. Solo una, Barquera Norte, ha logrado llegar casi a la meta con la aprobación de su proyecto de reparcelación, con lo que solo le queda la urbanización que pondrá fin al largo proceso de legalización.
Las 4.400 restantes son las recogidas por Urbanismo en el anterior mandato en el inventario de suelo no urbanizable, que pueden acogerse al Asimilado al Fuera de Ordenación (AFO), figura que recoge el decreto de la Junta del 2012, que no legaliza pero permite la inscripción en el Registro y es la llave para lograr servicios. El AFO está destinado a las 1.554 casas aisladas existentes pero, de ellas, hay 629 en las que no ha prescrito el delito urbanístico y no pueden usarlo. Además, de las 925 restantes, la mitad están en zona protegida y la otra mitad tienen riesgo de incendio o inundación, que es otro obstáculo, por lo que el AFO no ha dado frutos y ninguna ha logrado servicios.
