Los sindicatos apuntan alto cuando buscan razones para comprender la reducción del número de trabajadores públicos en las distintas administraciones. Al margen de que se quiera cuadrar el déficit público recortando en la partida de personal, tanto UGT, como CCOO o CSIF consideran que detrás de este proceso existe una intención del Gobierno de privatizar servicios básicos para la ciudadanía, entre los que se encontraría la sanidad, la educación o la justicia. Esta tendencia, según advierten, está poniendo en peligro prestaciones básicas para la ciudadanía. El secretario provincial de CCOO, Rafael Rodríguez, critica que desde la Administración se está lanzando un mensaje de que el empleo público es un gasto para el país que no se puede permitir y que España es uno de los estados con más empleados públicos, "cuando estamos por debajo de la media de la eurozona y cuando, además, los servicios públicos son los que nos equiparan en igualdad a todos los ciudadanos al margen de las rentas". Rodríguez remarca que desde las distintas instituciones se ha reducido o eliminado la reposición de plantillas. La consecuencia de estas medidas "es un deterioro de los servicios públicos". Rodríguez piensa que con la reforma de las administraciones locales se producirá una caída del empleo y de las prestaciones a la ciudadanía.
El secretario provincial de UGT, Antonio Fernández, vincula los recortes en el empleo público al Gobierno del PP. "Uno de los objetivos claros de la derecha y de las grandes multinacionales es privatizar los servicios públicos, con lo que van consiguiéndolo poco a poco", señala Fernández. Además, estima que el deterioro que se está produciendo de los servicios públicos "persigue" que la ciudadanía "vea más razonable que se privaticen". El dirigente de UGT piensa que los empleados públicos son de los colectivos más perjudicados por la crisis al convertirse en la "diana" de los sacrificios que se están exigiendo por el Gobierno. "Empiezan con los empleados públicos, siguen con los jóvenes, las mujeres y los pensionistas", critica. Dentro de los empleados públicos, Fernández remarca que el personal laboral y los interinos son los grandes perjudicados de la reducción de trabajo, "aunque todos están asumiendo recortes, ya sea en personal o en salarios".
Por su parte, el vicepresidente de CSIF Córdoba, Jesús López, insiste también en que los recortes han eliminado las tasas de reposición y advierte de que los servicios "se irán deteriorando". "Los trabajadores que están de baja o los que se jubilan no se sustituyen. Se recorta todo menos los políticos", denuncia. Además, cree que "se está demonizando" a los funcionarios y "se hace creer" que hay demasiados. "Si miramos la ratio de políticos por habitante, estamos entre los países con mayor número de Europa, mientras que estamos entre los más bajos en la ratio de funcionarios", indica.
