La comisión no solo tumba la mayoría de las propuestas del plan de viabilidad de Procórdoba, sino que censura muchos de sus planteamientos. Ve imposible jurídicamente que el Ayuntamiento haga frente a la póliza con el BBVA por el proyecto de ley de racionalización del sector público, que propone un plan de corrección del desequilibrio antes del 2014 o, si no, su disolución; imposible que Urbanismo pueda pagar a Procórdoba los 5,4 millones que le debe de encomiendas de gestión; improbable la venta de suelo antes de que venza la póliza de crédito en julio; e insuficientes la reducción del 33% en gastos de personal y del 39% en gastos corrientes. Por último, aconseja emprender acciones judiciales, ya iniciadas, contra la Junta para cobrar los 4 millones que debe. El informe no ha sido bien recibido en Procórdoba. Su gerente, Francisco Paniagua, envió una carta al coordinador de Hacienda del Ayuntamiento, Ramón Díaz--Castellanos, miembro de la comisión, quejándose de que el contacto con ese órgano ha sido nulo a pesar de los intentos de Procórdoba.
