Cuando el consejero de Economía, Antonio Avila, compareció el pasado agosto en la comisión de investigación del Parlamento andaluz sobre el caso de los ERE, cifró en 17 millones de euros el dinero presuntamente defraudado a las arcas públicas a través de esta trama corrupta que investigan los tribunales. Pero esa cifra se correspondía solo con una pata del que ya es un macrocaso con medio centenar de detenidos en varias operaciones policiales. Avila se refirió al dinero defraudado mediante los llamados intrusos, unos 200, personas que aparecieron en los expedientes de regulación de empleo y que nunca habían trabajado en la empresa que se iba a liquidar. A la luz del giro en la investigación policial, dedicada ahora a rastrear el destino de las supuestas sobrecomisiones pagadas de forma ilegal en esta trama, esa cifra amenaza con quedarse muy pequeña. La porción más jugosa de la tarta parece estar en esa red de comisionistas, intermediarios, abogados y testaferros que pululaban alrededor de Empleo.

Preguntado ayer sobre si la Junta conoce cuánto dinero abonó en sobrecomisiones de los ERE y cuál fue el destino final de ese dinero abonado de forma presuntamente fraudulenta, Avila alegó ayer que el Gobierno andaluz desconoce esa cifra y volvió a confiar en que la justicia llegue hasta el final del caso. El Gobierno andaluz insiste en que peleará por recuperar todo ese dinero defraudado pero asume que ni siquiera sabe cuánto presuntamente se robó durante la década que está bajo la lupa de la jueza Mercedes Alaya. El consejero Avila cambió el sistema de pagos a las aseguradores de las pólizas de las prejubilaciones, eliminó los intermediarios y negoció con las empresas las modificaciones de cláusulas que eran leoninas y no se ajustaban a las condiciones del mercado. Todo esto se hizo en octubre de 2012, cuando el caso ERE ya era una bomba más que activada y se ponía un duda un fondo de la Consejería de Empleo dotado durante una década con 647 millones de euros. A eso habría que sumar el dinero de las comisiones presuntamente abonadas de forma ilegal y para las que aún no hay una cifra exacta. En total fueron 1.217 millones debido a la refinanciación de la deuda y los intereses acumulados.

Esta parte de la instrucción, el pago de sobrecomisiones, está bajo secreto de sumario. Se habla de aseguradoras que cobraron 34 millones de euros de forma indebida y otros abogados de la causa elevan la cifra en una horquilla entre 200 y 300 millones. El PP habla de entre 150 y 200 millones. La Junta, personada en la causa, insistió ayer, a preguntas de este periódico, en negar que tenga idea de la cifra total que pudo defraudarse ilegalmente por esta vía de las comisiones y los intermediarios.