Poco más de un año después, la jueza del caso ERE, Mercedes Alaya, volvió ayer a mandar a prisión al principal imputado en la causa, el exdirector de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero. Lo citó a declarar el mismo día en que el grupo de delitos económicos de la Unidad del Crimen Organizado (UCO) de la Guardia Civil desplegó una macroperación en toda España relacionada con el caso, que hasta el momento se ha saldado con 20 detenidos y 13 registros, la mayoría en despachos de abogados y aseguradoras que actuaban como mediadores en la tramitación de los expedientes de regulación de empleo subvencionados por la Junta y el pago de las pólizas a los prejubilados en las empresas, entre los que se detectaron intrusos (personas que cobraron las ayudas sin haber trabajado nunca en esas empresas).

ASEGURADORAS Y MEDIADORAS // Las actuaciones de la Benemérita incluyeron también la citación de nueve personas ya imputadas anteriormente para personarse en el juzgado a declarar ante Alaya por la parte de la investigación, iniciada en noviembre por el juez sustituto Iván Escalera, que se encuentra bajo secreto de sumario y en la que se investigan delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita y cohecho en relación con las comisiones cobradas por las aseguradoras y mediadoras de los ERE (la Cámara de Cuentas cifró en 68 millones las comisiones cobradas por Vitalia y Uniter). Por esta investigación ya está en prisión desde enero Juan Francisco Algarín, presunto testaferro de las empresas pantalla creadas por el conseguidor Juan Lanzas, y que declaró que llevaba sobres de dinero desde las inmediaciones de la Consejería de Empleo a los alrededores de la Delegación Provincial de Empleo. Entre los detenidos ayer se encuentra otro presunto testaferro de Lanzas, Eduardo Leal.

DECLARACIÓN DE GUERRERO // El primero de los ya imputados en ser citado a declarar ayer fue Javier Guerrero, quien durante sus diez años en el cargo de la Consejería de Empleo presuntamente manejó la partida de 700 millones para ayudas sociolaborales a empresas como un "fondo de reptiles". Alaya lo citó a las diez de la mañana pero no le llamó a su despacho del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla hasta pasadas las dos de la tarde. Declaró durante tres horas para "ampliar", según sus propias palabras tras salir antes de conocer su destino, información sobre "cosas que ya habíamos hablado" y en contra de la opinión de su abogado, Fernando de Pablo, que le aconsejó acogerse a su derecho a no declarar al estar las nuevas actuaciones bajo secreto. El fiscal solicitó enviarlo de nuevo a prisión --donde estuvo desde marzo a octubre de 2012 y de donde salió hace seis meses tras pagar 50.000 euros de fianza-- por riesgo de fuga, de alteración de pruebas y de contacto con otros implicados, pese a que desde su salida de prisión Guerrero se persona cada lunes en los juzgados y tiene retirada su documentación. Sobre las 20.30 horas Guerrero recibió el auto de Alaya ordenando su ingreso en prisión sin fianza y fue recogido en un furgón de la Guardia Civil para su traslado de nuevo a la cárcel de Sevilla I, de la que salió en octubre.

Su abogado Fernando de Pablo no confirmó si se le imputan nuevos delitos ya que se limitó a señalar que la decisión de Alaya se debe "más o menos a los mismos" delitos por los que ya lo envió a prisión hace un año (malversación de fondos públicos, prevaricación, cohecho y falsedad documental). "Como hay secreto de sumario no sé lo que hay de nuevo" señaló, tras afirmar que en la declaración no hubo "grandes diferencias" en las cuestiones por las que su cliente fue interrogado. De Pablo se mostró "sorprendido" por la decisión de Alaya, que dijo "es difícil de explicar" y criticó que "la Fiscalía plantea unas cosas de una forma y otras de otra" y "cada juez tiene su forma de plantear las cosas" pero no ve "muchas igualdades" en la forma de proceder con "unos y otros" en este caso. Sobre el estado de ánimo de Guerrero, que durante las horas que estuvo en el juzgado esperando a declarar y después el auto de prisión dijo estar "tranquilo", fue muy gráfico al señalar que "está jodido".

OPERACIÓN HERACLES // Desde las ocho de la mañana de ayer la UCO, en el marco de la investigación del caso, desplegó la operación Heracles, con registros y detenciones en Sevilla: cuatro registros --la oficina de un despacho en Viapol y la de la aseguradora Uniter y dos pisos-- y cuatro detenidos vinculados al despacho de abogados Villasís y a empresas de la Sierra Norte; Granada, dos registros y la detención del cuñado del exsindicalista Juan Lanzas, que actuaba como conseguidor; Cádiz, dos registros y tres detenidos; Jaén, cuatro registros, entre ellos propiedades de Lanzas; Madrid, un registro domiciliario y dos detenidos; Las Palmas, donde ha sido detenido el presunto camello al que supuestamente compraba droga el chófer de Guerrero con dinero de los ERE; y Barcelona, nueve detenidos vinculados a la aseguradora Vitalia, la mayoría esposas de los directivos. La operación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones hoy.

Mientras la UCO practicaba estos registros y llevaba documentación al juzgado, por el despacho de Alaya pasaron no solo Guerrero sino, por la tarde, el exdelegado de Vitalia en Andalucía, Jesús Bordallo, y el exdirector comercial Antonio José Albarracín --ambos ya imputados--, que entraron ya de noche a declarar tras el envío a prisión de Guerrero. Al cierre de esta edición continuaban declarando y la jueza no había aclarado aún su destino. Albarracín fue apuntado por el chófer Trujillo como uno de las personas de las que recibía sobres con dinero presuntamente para el exdirector de Trabajo.