Las supuestas "reuniones clandestinas" que el empresario y edil de Unión Cordobesa (UCOR), Rafael Gómez, asegura que había mantenido en anteriores mandatos municipales con los exalcaldes Rosa Aguilar y Andrés Ocaña, en las que presuntamente le dieron "permiso verbal " para construir sin licencia las naves de Colecor y para urbanizar en dos promociones de la Carrera del Caballo, van a llegar a la Fiscalía, según aprobaron ayer los grupos municipales del PP, IU y PSOE, mientras que los concejales oficialistas de UCOR (Rafael Gómez, Juan Miguel Alburquerque y Aurora Aguilar) se ausentaron de la votación porque afectaba al líder de UCOR. El concejal díscolo Carlos Baquerín no participó ni un minuto en la moción sobre los "grandes deudores" del Ayuntamiento (la concejala María José López de la Bastida no estuvo presente en el Pleno por enfermedad), cuyo debate finalizó con la decisión de remitir al fiscal esas declaraciones, así como la denuncia hecha por el teniente de alcalde de Hacienda, José María Bellido, sobre las sospechosa caducidad del expediente sancionador abierto a Gómez, que derivó en la multa de 24,6 millones por construir sin permiso municipal esas naves de Colecor.

Esta decisión se adoptó mediante una enmienda presentada por IU (en la que también se pide que, previo informe de los servicios técnicos, se realicen trámites para exigir responsabilidades de cobro de esa multa millonaria a los administradores de Arenal 2000 y la filial Mezquita Sur Inversiones, en el supuesto de que ambas sociedades no puedan afrontar esa deuda) a la moción que el PP llevó al Pleno para dar la máxima transparencia a todos los procedimientos sobre los grandes deudores del Ayuntamiento, para instar al equipo de gobierno a que garantice la máxima diligencia para la satisfacción de todas las deudas de los grandes morosos y para que se aplique a la contabilidad municipal los criterios expuestos en los informes emitidos por el tribunal de Cuentas sobre provisión de débitos de dudoso cobro en los presupuestos.

No conforme el PSOE con que se garantice la "máxima transparencia" de los expediente de los deudores, los socialistas incluyeron en la moción del PP que periódicamente se informe del seguimiento de la mismas en la comisión de Hacienda.