Con casi un año de diferencia ha vuelto el consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, a Córdoba para reiterar la voluntad de la Junta de Andalucía de construir la Ciudad de la Justicia y esta vez no se ha atrevido a dar fecha para la colocación de la primera piedra. Pizarro vino a dar "la buena noticia que los ciudadanos estaban esperando, un equipamiento muy importante para la ciudad que ha esperado mucho tiempo" y que será construido y explotado en buena parte por una empresa privada.
La autorización del pasado lunes del Consejo de Gobierno de la Junta a licitar esta instalación no solo supone "un paso decisivo para que se convierta en realidad", sino "un paso irreversible". Según anunció en rueda de prensa, "la idea de la consejería sería que en abril saliera la licitación del proyecto y a partir de ahí entrarán los trámites al objeto de que cuanto antes podamos adjudicar la obra y colocar la primera piedra".
Pizarro recordó que en abril del 2010 lanzó el compromiso "de la fecha de inicio de las obras para finales" de ese año, "pero no sabía lo que iba a ocurrir en los Presupuestos, que fue un recorte muy importante a la inversión pública". De ahí que "buscáramos la fórmula de financiación público-privada".
Este método supone otorgar a una empresa privada el derecho de superficie sobre la parcela de 12.112 metros cuadrados situada en la zona de Arroyo del Moro --que fue cedida por el Ayuntamiento de Córdoba en el 2004 a la Junta--, en la que la adjudicataria se encargará de construir la Ciudad de la Justicia, de su mantenimiento, de gestionar el archivo judicial y de explotar la cafetería, las máquinas expendedoras y las placas fotovoltaicas durante 25 años. La sola construcción del inmueble se eleva a 65,7 millones de euros.
Pero la Junta pagará al cabo de 25 años un montante de 345 millones de euros, aunque "si lo hubiéramos hecho por la fórmula normal habría que buscar un préstamo, con carga financiera y todo lo que significa el coste del mantenimiento". Pizarro se mostró convencido de que "empresas de toda Andalucía se han interesado a partir de las comparecencias públicas" de anuncio del proyecto, a lo que se suma "la oportunidad de negocio" que Pizarro atribuye a esta fórmula. "En el combate al déficit público vamos a tener que utilizarla", remató el consejero.
Curiosamente, "en la medida que acudan más empresas a la licitación, más tiempo se tardará", porque, entre otras cosas, "hay que constituir una comisión". Calculó que "hasta septiembre u octubre no estaremos en condiciones de conocer la empresa" adjudicataria. Esta modalidad de licitación "tiene su complejidad", ya que debe publicitarse en el BOE, el BOJA y el Diario Oficial de la Unión Europea.
CUATRO PLANTAS La constructora Ayesa levantará un edificio de 50.894 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas en altura (32.894 metros cuadrados) y dos sótanos (18.146 metros cuadrados), lo que se traduce en 33.241 metros cuadrados más de espacio respecto a lo que ocupan las once sedes judiciales actuales.
El estudio holandés Mecanoo proyectó un edificio moderno pero inspirado en la arquitectura tradicional de patios cordobesa y adaptado a las necesidades de la nueva oficina judicial, según informa la Junta.
