La situación de las instalaciones judiciales de Córdoba en 1998 era diferente a la actual, pero igual de agobiante en lo que a medios se refiere. La Administración estudiaba la reagrupación como una solución al ahorro de costes y para mejorar el servicio. Durante años se habló de Turruñuelos, del Cordel de Ecija y de un par de lugares más (Carlos III y el Marrubial) para levantar la Ciudad de la Justicia.

La Junta se decantó por Arroyo del Moro el 17 de enero del 2004, pero no fue hasta el 23 de febrero de ese año, en plena campaña electoral de las autonómicas y generales, cuando se firmó la cesión del solar. La alcaldesa, Rosa Aguilar, y el entonces consejero de Justicia, Jesús María Rodríguez, calificaban de "histórico" el acuerdo y anunciaban que en cinco años estaría en pie. Aguilar resaltó en ese acto que la cesión de los terrenos se haría de "manera inmediata en la próxima junta de gobierno local" y Rodríguez apuntó que las obras durarían "dos o tres años".

El 29 de septiembre, la parlamentaria socialista Araceli Carrillo manifestaba que "ya mismo van a estar los Presupuestos de la Junta y habrá partidas para los años venideros", calculando que la Ciudad de la Justicia tendrá un coste de 40 millones de euros. En esa fecha, la consignación era de 72.125 euros, y en las cuentas autonómicas había reservado poco más de un millón de euros para el 2005.

El BOJA publicó la cesión ese mismo año y en el 2006 se firmó el contrato para la redacción del proyecto. El 2007 fue el año en el que se presentó a bombo y platillo el proyecto, con su maqueta virtual. En ese momento el coste era de 70 millones de euros y el plazo de finalización se fijó para el 2011. En el 2008 se aventuró su inicio para el 2009 y la partida aparece en los presupuestos, pero aún no se había colocado un ladrillo. En ese momento comienza a asomar el modelo público--privado y la consejera de Justicia Begoña Alvarez afirmaba que la construcción arrancaría en el 2010. Sin embargo, la delegada provincial de Justicia, Mercedes Mayo, reconocía "cierto retraso" en esta infraestructura.

Alvarez seguía en las suyas con las fechas y plazos en febrero del 2010 y culpaba del retraso a la supervisión del proyecto y su adaptación al sistema público--privado. Del anuncio de Pizarro en abril del 2010 ya se ha hablado y ahora queda esperar a este abril para saber qué empresa se atreve a acometer el reto, y una vez adjudicada quedan tres años de obras.