El Tribunal Supremo del Reino Unido tumba el plan del Gobierno para deportar a migrantes a Ruanda

El Tribunal Supremo del Reino Unido ha tumbado este lunes por unanimidad los planes del Gobierno para deportar a Ruanda a los migrantes que lleguen de forma irregular al país. Los jueces han aceptado los argumentos presentados por las organizaciones de derechos humanos y por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que sostienen que el país africano no ofrece las garantías suficientes en la tramitación de las solicitudes de asilo y que existe el riesgo de que personas con el derecho a obtener el estatuto de refugiado sean deportadas a sus países de origen, poniendo en riesgo su vida. El presidente del tribunal, Robert Reed, ha confirmado la sentencia del Tribunal de Apelación, que llegó a las mismas conclusiones a finales de junio.

"ACNUR ha presentado pruebas de una serie de deficiencias en el sistema de asilo de Ruanda. La importancia de estas pruebas radica en que si las solicitudes no se tramitan adecuadamente, las reclamaciones auténticas pueden ser rechazadas erróneamente", ha asegurado Reed en la lectura de la sentencia. Los magistrados han basado sus deliberaciones en los compromisos internacionales adquiridos por el Reino Unido en materia protección y asilo, a través de la firma de varios convenios de las Naciones Unidas y de la Convención Europea de los Derechos Humanos, que impiden las deportaciones de refugiados a países que no puedan garantizar su seguridad, bajo el principio de no devolución.

Los jueces han justificado su decisión destacando los precedentes de Ruanda en la vulneración de los derechos humanos y el fracaso en la implementación de una política de deportaciones parecida en el pasado, puesta en marcha por Israel en el país africano entre 2013 y 2018. "La sentencia del tribunal se basa en hechos de hace 15 meses", ha asegurado el recién nombrado ministro del Interior, James Cleverly. "El Gobierno, por supuesto, respeta plenamente al Tribunal Supremo, pero su decisión no debilita nuestra determinación de disuadir a la gente de hacer estos viajes ilegales, peligrosos e innecesarios". Las principales organizaciones de defensa de los derechos humanos han celebrado la sentencia y han pedido al Ejecutivo que ponga fin a un "capítulo vergonzoso" de la historia del país.

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Golpe para Sunak

La decisión supone un duro golpe para el primer ministro, Rishi Sunak, quien ha hecho del combate a la inmigración irregular uno de sus principales lemas para tratar de recuperar la confianza de los votantes más acérrimos del Brexit. "No era el resultado que queríamos, pero hemos pasado los últimos meses preparándonos para cualquier eventualidad y seguimos totalmente decididos a detener las barcas", ha dicho Sunak a través de un comunicado. La medida tenía previsto disuadir a los migrantes en su intento de llegar al Reino Unido a través del canal de la Mancha y reducir la larga lista de solicitantes de asilo en el país, que alcanzó un nuevo récord en agosto de este año con más de 175.000 peticiones.

El fracaso de Sunak en esta materia ahondará previsiblemente en las divisiones dentro del Partido Conservador, cuya ala dura está en pie de guerra tras la destitución este lunes de la ministra del Interior, Suella Braverman. En una dura carta de dimisión publicada este martes, Braverman ha acusado al primer ministro de incumplir sus promesas sobre las polémicas deportaciones y de evitar incluir cláusulas en la ley que permitan esquivar los compromisos internacionales del Reino Unido en materia de derechos humanos.

Revisión del marco legal

En una intervención en el Parlamento, Sunak se ha mostrado dispuesto a "revisar el marco legal doméstico" para detener la llegada irregular de inmigrantes, en caso de que sea necesario. La salida del Reino Unido de los convenios internacionales se plantea sin embargo como algo improbable, a pesar de las presiones del ala dura del Partido Conservador, que ha llegado reclamar al primer ministro que ignore la sentencia de los jueces. El Gobierno está valorando otras opciones, como la posibilidad de renegociar el acuerdo con las autoridades ruandesas o incluso de buscar un tercer país para llevar a cabo las deportaciones.

La única certeza por ahora es que el Ejecutivo no podrá implementar su plan original, que impide reclamar asilo ante las autoridades británicas a cualquier persona que llegue de forma irregular al Reino Unido, ofreciendo Ruanda como alternativa. En caso de que esa solicitud fuese aceptada por el país africano, los migrantes podrían permanecer en su territorio pero nunca regresar al Reino Unido. La sentencia de este lunes no entra a valorar la externalización del sistema de asilo —algo que sí permite la ley británica— sino la capacidad de Ruanda de garantizar que las personas que sufren persecución no serán deportadas a sus países de origen. El Gobierno del país africano insiste en que ofrece todas las garantías necesarias y ha destacado el trabajo con el Gobierno británico para asegurar "la integración de los solicitantes de asilo reubicados en la sociedad ruandesa".