Las víctimas del uso de sangre infectada en el Reino Unido reclaman una respuesta rápida al Gobierno

Las víctimas del uso de sangre infectada y de medicamentos ineficaces para el tratamiento de la hemofilia en el Reino Unido están lejos de recibir una compensación justa por los errores cometidos en el sistema público de salud (NHS, en sus siglas en inglés) entre 1970 y 1990. Unos errores que provocaron la infección de decenas de miles de personas con el VIH y la hepatitis, y la muerte de cerca de 3.000 pacientes. Décadas después de estos hechos, una comisión independiente investiga el grado de responsabilidad de las personas implicadas en ese momento y la necesidad de ofrecer indemnizaciones por parte del Gobierno del actual primer ministro, Rishi Sunak, quien ha comparecido este miércoles ante la comisión.

Sunak se ha sometido a cerca de tres horas de interrogatorio, en las que ha calificado los hechos como un “escándalo espantoso” y ha insistido en la voluntad del Gobierno de compensar debidamente a las víctimas. “Actuaremos lo más rápido posible", ha dicho el primer ministro, quien ha mostrado su solidaridad con las personas afectadas, muchas de ellas presentes en la comparecencia. “Durante décadas se ha negado la justicia a las víctimas, por eso me complace el trabajo que está realizando la investigación", ha remarcado.

Nuevas indemnizaciones

El primer ministro ha sacado pecho sobre los avances realizados desde que asumió el cargo en octubre del año pasado. En ese momento la comisión ya había publicado dos informes preliminares con recomendaciones sobre posibles indemnizaciones a las víctimas, entre ellas una compensación inicial de 100.000 libras (unos 116.000 euros) para las personas directamente afectadas y sus parejas. Sunak ha destacado que 4.500 personas ya han recibido este dinero, en lo que asegura es una muestra del compromiso del actual Gobierno para hacer justicia.

Pero tanto la comisión como las víctimas consideran que estas indemnizaciones no son suficientes y apuntan a que el Ejecutivo deberá desembolsar mayores sumas en el futuro, tanto a las personas que ya han recibido el dinero como a sus familiares cercanos, incluídos padres e hijos. Unos valores que deberán variar en función del impacto que la negligencia haya tenido en cada caso. Sunak no ha querido dar más detalles sobre las medidas concretas que va a tomar su Gobierno a partir de ahora y ha pedido tiempo para conocer las conclusiones definitivas de la investigación. 

Pocas responsabilidades

El primer ministro también ha tratado de echar balones fuera en su parte de responsabilidad como canciller del Exchequer (ministro de Economía), cargo que ocupó antes de llegar a Downing Street. En un momento de la comparecencia, la abogada Jenni Richards ha preguntado si la labor del Gobierno desde 2020, año en que Sunak entró en el Ejecutivo, ha sido lo suficientemente buena en esta materia. Algo que el primer ministro ha evitado contestar y que ha provocado las quejas del público asistente. El presidente de la comisión, Brian Langstaff, se ha visto obligado a interrumpir la sesión para pedir a las víctimas presentes en la sala que mostraran el debido respeto al compareciente.

Sunak ha sido una de los altos cargos del actual Gobierno que han comparecido ante la comisión y que lo harán hasta este viernes, cuando está previsto que termine esta ronda de audiencias. El objetivo es concluir cuanto antes una investigación que no solo tiene como objetivo indemnizar a las víctimas, sino también hacer justicia para unas víctimas que advierten de que el tiempo juega en su contra. Antes de cerrar la sesión, Langstaff ha recomendado al primer ministro que tome cartas en el asunto lo antes posible: “[La situación actual] debe remover la conciencia de un Gobierno solidario, que es lo que usted ha asegurado que desea ser”.