Nunca fue tan fácil cerrar Guantánamo ni tampoco tan difícil. De los 780 presos que llegó a haber en su día, no quedan hoy más que 40, después de que George Bush transfiriera unos 540 a terceros países, Barack Obama a 197 y Donald Trump tan solo a uno. La Administración de Joe Biden se ha propuesto ahora completar el trabajo del último presidente demócrata, quien firmó una orden ejecutiva para cerrar el penal nada más comenzar su mandato, pero nunca pudo cumplirla por sus propios errores y la oposición visceral que encontró en el Congreso. Esa oposición no ha desaparecido, particularmente en el bando republicano, pero Guantánamo ya no despierta las emociones de antaño y sigue siendo una aberración tanto legal como financiera. Cada uno de sus presos le cuesta al erario público 13 millones de dólares al año.
El único obstáculo verdadero para cerrar Guantánamo en estos momentos sería la falta de voluntad política, afirma Daphne Eviatar desde Amnistía Internacional. Biden debe tener el coraje para enfrentarse a aquellos políticos que siempre han tratado de decir que el cierre sería un signo de debilidad que socavaría la seguridad nacional. En realidad, sería lo contrario porque es ilegal e inconcebible mantener a 40 hombres musulmanes detenidos indefinidamente. Biden no parece tener prisa por desgastarse en la batalla política de Guantánamo. Todavía no ha nombrado si quiera a un enviado especial como el que designó Obama para negociar la repatriación de los presos a terceros países, un paso fundamental para que el proceso arranque.
Camino más corto para vaciar el penal
Ese parece ser el camino más corto para vaciar el penal porque el Congreso ha prohibido periódicamente la transferencia de los detenidos a EE UU para que puedan ser juzgados y eventualmente encarcelados en su territorio. Las dificultades para darles una salida varían en función de la categoría de los presos. Seis ya han recibido el visto bueno para ser liberados, siempre que algún país quiera acogerlos. Otros 22 languidecen entre rejas sin cargos ni resolución a la vista, los llamados prisioneros eternos, mientras los 12 restantes han sido procesados o condenados por las comisiones militares. De estos últimos, seis podrían enfrentarse a la pena de muerte.
Las comisiones militares son la parte más complicada del puzle porque, si bien han sido la pieza más reconocible del sistema legal de Guantánamo, han sido incapaces de prosperar, afirma Karen Greenberg, directora del Centro de Seguridad Nacional de la Universidad de Fordham. Baste un ejemplo: el juicio militar contra los cinco presuntos arquitectos del 11-S todavía no ha comenzado, casi dos décadas después de los atentados. Las comisiones han fracasado porque muchas de las pruebas se obtuvieron mediante la tortura y eso afecta a la hora de ir a juicio, añade Greenberg, quien cree que la justicia estadounidense debería ofrecer acuerdos extrajudiciales a los procesados para que cumplan condena en terceros países.
Nada de eso será fácil, por más que Biden lleve defendiendo el cierre de Guantánamo desde su época como vicepresidente de Obama. El problema de Obama fue que no actuó con suficiente rapidez ni anticipó la férrea oposición del Congreso. Entre otras cosas trató de revaluar todo el sistema legal de Guantánamo para acabar aceptando al final las comisiones militares que el mismo había puesto en pausa a principios de su mandato. Falta saber ahora si Biden actuará sin contemplaciones o se enzarzará en otra interminable conversación con el Capitolio. La vida de 40 personas depende de ello.
