El ministro de Economía nipón, Taro Aso, se armó de crudeza al señalar ayer que las personas ancianas constituyen una carga inasumible para las arcas del Estado. "Dios no quiera que te obliguen a seguir viviendo cuando lo que deseas es morir. Me despertaría sintiéndome cada día más mal si supiera que el tratamiento a que fuera sometido fuera totalmente pagado por el Gobierno", afirmó en una reunión del Consejo Nacional que abordaba reformas sociales. "El problema --remató brutalmente-- no se solucionará hasta que se den prisa y mueran".

La sorpresa y el enojo fueron comprensiblemente amplios en Japón, país en el que un cuarto de los 128 millones de habitantes superan los 60 años. Se estima que dentro de 50 años la proporción de mayores será del 40%. El propio Taro Aso suma actualmente 72 años y es uno de los miembros más veteranos del nuevo Gobierno del primer ministro Shinzo Abe, que apenas lleva un mes en el poder tras las últimas elecciones. El polémico ministro precisó que él rechazaría un cuidado intensivo si su vida estuviera en las últimas.

Taro Aso aseguró que el actual ministro de Sanidad de su país "es consciente de que cuesta varias decenas de millones de yenes" prolongar la vida de un solo paciente en estado terminal. A este tipo de pacientes se refirió despectivamente como "personas entubadas".

Unas horas después el ministro de Economía trató de matizar sus palabras. Reconoció que su lenguaje había sido "inapropiado" y que hablaba solo a título personal. "Dije aquello en que creo personalmente, no lo que debería ser el sistema de atención médica al final de la vida. Es importante que uno pueda vivir los últimos días de vida pacíficamente", manifestó.

No es la primera vez que Taro Aso se mete en un lío por sus excesos verbales. En el 2008, cuando era primer ministro, definió a los "pensionistas viejales" como una carga para los impuestos colectivos y que deberían cuidar mejor de su salud. "¿Por qué debemos pagar por gente que solo hacen comer y beber sin hacer el mínimo esfuerzo?"

Japón debe hacer frente a un grave problema. Los hogares con miembros de más de 65 años que reciben subvención pública son el 40%. Taro Aso es nieto de un poderoso exprimer ministro y está casado con la hija de otro expremier. En la campaña del 2008, la empresa familiar fue acusada de recurrir a prisioneros de guerra para sus minas.