Una imputada reclama al juez que unifique las acusaciones personadas en Tsunami para evitar dilaciones

La defensa de la imputada en Tsunami Democràtic Marta Molina ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que unifique en una única representación letrada a la ocho acusaciones personadas en el procedimiento, entre las que ejercen la acción popular y las particulares, para evitar dilaciones indebidas en el procedimiento, ya que cualquier petición de informe realizada desde el Juzgado Central de Instrucción número 6 pasa al menos por otros tantos letrados.

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El escrito presentado por la defensa de Molina, que ejerce la abogada Marina Roig, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, explica que en el procedimiento el juez García Castellón aceptó la personación como acusación popular del partido Vox, de la asociación Dignidad y Justicia, de Societat Civil Catalana y del abogado del Colegio de Córdoba Francisco Velasco. Además, hay personados como acusación particular cuatro policías que resultaron heridos el 18 de octubre de 2019, día en que la plataforma convocó una huelga general en protesta por la sentencia del 'procés'.

La personación de todas estas acusaciones fue admitida por el magistrado tras levantarse el secreto de las actuaciones y conocerse que el fiscal entonces adscrito al caso, Miguel Ángel Carballo, no apreciaba indicios de terrorismo y consideraba lo ocurrido desórdenes públicos agravados y lesiones. De hecho, el juez elevó una exposición razonada al Tribunal Supremo para que imputara al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont a petición de una de las acusaciones, la ejercida por Dignidad y Justicia, y todas las demás la apoyaron.

Ese es el argumento de la defensa para solicitar que todas compartan representación letrada. En su escrito afirma que las ocho acusaciones personadas han comparecido "compartiendo el mismo posicionamiento en cuanto a la delimitación (...) del presente procedimiento: pretenden la investigación de las acciones que se atribuyen a Tsunami Democràtic y la imputación de las personas que aparezcan como responsables de las mismas" por un delito de terrorismo.

Todas han considerado necesario ampliar la instrucción y oponerse a las recusaciones. "En definitiva existe una convergencia tanto de intereses como de puntos de vista, de manera que, en palabras del Tribunal Supremo, no atender a la petición de esta defensa 'provocaría sin duda unas inútiles reiteraciones así como una artificial complejidad en la tramitación de la pluralidad de partes que supondría un sacrificio injustificado en el derecho a una rápida respuesta judicial". La defensa propone que la dirección letrada la ejerza Vox, por ser la primera acusación popular en personarse.

En cuanto a los policías que ejercen la acuación particular, la defensa de Molina alega que los cuatro resultaron heridos en las inmediaciones de la plaza de Urquinaona y Via Laietana de Barcelona, por lo que todos ellos podrían ser representados por el mismo abogado, ya que comparten el mismo interés en el procedimiento. Dos de ellos, de hecho, ya lo hacen con el bufete Fuster Fabra.

Además, "las reclamaciones civiles que se puedan pretender no impiden una actuación bajo la misma representación y dirección letrada, pues no son incompatibles entre sí y pueden ejercitarse individualmente para cada uno de los perjudicados bajo la misma respresentación y dirección letrada".

Todas las diligencias

Por otra parte, la defensa de los empresarios Oriol Soler y Oleguer Serra, ejercida por el abogado Benet Salellas, ha insistido ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en la necesidad de conocer todas las diligencias de investigación que dieron lugar a las de Tsunami Democràtic, al entender "evidente que toda la investigación criminal contra el independentismo ha sido general y llevada a cabo por las mismas unidades policiales de investigación, así como por el mismo Juzgado instructor".

De ahí que considere "del todo perentorio, para garantizar el derecho fundamental a la defensa, el acceso a las partes de todas las actuaciones previas que hayan concluido en la apertura" de las de Tsunami como garantía del derecho de defensa. "Es la única forma de poder aclarar todas las dudas que planean sobre la presente investigación y sobre la pérdida de apariencia de imparcialidad del magistrado instructor", añade.

"De no aceptar el presente recurso y no reparar a esta defensa en su solicitud de diligencias, no se provocaría otro efecto que ahondar en la vulneración de derechos fundamentales de los investigados y reforzar las sospechas sobre el magistrado instructor", al que la defensa atribuye la apertura de una causa general contra el indepedentismo.

"Por enésima vez debe insistirse que no es propio de un derecho democrático sino de un derecho penal del enemigo, iniciar una investigación penal general contra el independentismo catalán, tal como lleva a cabo este Juzgado Central de Instrucción número 6 desde el año 2017", argumenta.