El organizador de la fiesta en pandemia que frenó la policía entrando con ariete denuncia arresto ilegal

El inquilino y principal testigo del caso de la 'patada en la puerta' en la calle Lagasca de Madrid asegura que su casero le echó de la vivienda después de que la policía decidiera tirar la puerta abajo con un ariete para detener una fiesta que estaba celebrando allí con sus amigos en marzo de 2021.

“Mi intención era quedarme a vivir en España hasta obtener la nacionalidad, pero lo que sucedió me hizo replanteármelo. Pasé mucho miedo aquella noche, (...) teníamos claro que lo que estaba haciendo la policía era anticonstitucional y por eso decidimos grabarles. Me arrestaron ilegalmente”, ha declarado el joven T. J. G.durante el juicio en la Audiencia Provincial de Madrid, donde también ha reconocido que eran conscientes de estar cometiendo una infracción administrativa.

Sin embargo, ha rebatido el hecho de que fuera una fiesta, pues más bien eran "unas copas con unos amigos para charlar, creo recordar que ni siquiera había música", lo que chocaría con la versión de la policía, que sostiene que la vivienda parecía "un local de alterne".

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Dos años y medio de prisión

En el momento de los hechos, las restricciones de la pandemia impedían la reunión de no convivientes en domicilios, pero eso no es lo que se está juzgando en el juicio que ha arrancado esta semana, sino si los seis policías que dieron una ‘patada en la puerta’ cometieron o no un delito de allanamiento de morada. Por ello, la acusación particular pide dos años y medio de prisión e inhabilitación, mientras que la Fiscalía y la defensa abogan por su absolución. 

El miércoles los agentes sostuvieron ante el jurado popular que la intervención fue legal y que estaba amparada por la comisión de un delito flagrante de desobediencia grave al negarse los asistentes a esa fiesta a salir e identificarse cuando fueron requeridos.

T. J. G. explica que él, al no entender bien el español, se sirvió de una de sus amigas, que estudiaba Derecho, para actuar como interlocutora con la Policía. Esa misma persona fue la que explicó a los representantes de la autoridad que no tenían una orden judicial para llevar a cabo la entrada y la que, como él, terminó engrilletada por los agentes por estar visiblemente “alterada”. 

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En ese sentido, según los documentos que componen el caso, esa joven, que desciende de un ministro franquista, llegó a increparles en varias ocasiones, a decirles que se sabía la ley “mejor” que ellos y que no sabían con quién estaban tratando. A las otras asistentes a la fiesta que decidieron abandonar el lugar una vez que la puerta ya había sido tirada por el ariete, las llamó “putas”, “guarras” y “traidoras”.

Por su parte, el inquilino, que teletrabajaba como contable desde el domicilio para una empresa de su propiedad en el Reino Unido, asegura que “nadie se podía creer” que le “hubiesen esposado", y que "[los agentes] se pusieron a inspeccionar la casa, aunque no sé muy bien qué estaban buscando". "Se quedaron en shock cuando se enteraron de que no era un piso turístico, sino que era mi residencia habitual”, apuntó el joven inglés, que pasó esa noche en el calabozo y fue liberado al mediodía del día siguiente.

¡Salgan! ¡Identifíquense!

Los hechos tuvieron lugar el 21 de marzo de 2021, cuando, en plenas restricciones por la pandemia del coronavirus, la Policía procedió a desalojar una vivienda en el centro de Madrid en la que se estaba celebrando una fiesta.

Los seis agentes implicados, que han comparecido ante la Audiencia Provincial de Madrid por un presunto delito de allanamiento de morada, procedieron a advertir verbalmente a los jóvenes que se encontraban en el interior antes de derribar la puerta por la fuerza.

Las denuncias previas de los vecinos apuntaban a que la fiesta se estaba celebrando en un piso turístico y que además se estaban organizando allí de forma recurrente, pues habían sido necesarias “15 o 20 llamadas” durante los días previos hasta que la policía se decidió a actuar.

Según constatan las transcripciones de las cámaras que portaban los agentes, intentaron advertir a los jóvenes que se encontraban dentro del piso en la calle Lagasca, en el centro de Madrid, tanto en inglés como en español, pero no obtuvieron respuesta en un primer momento.

“Abren la puerta y se identifican, salen las personas del interior, los denunciamos y se van. Pero si no abren la puerta, ya les hemos dicho que es un delito de desobediencia grave a agentes de la autoridad. No sabemos cómo hacérselo saber, están en un piso turístico, no es un domicilio, ¿vale? Así que no tienen derecho a estar ahí dentro si están incumpliendo las medidas de COVID. ¡Salgan! ¡Identifíquense! Y cumplan la normativa o cometerán un delito de desobediencia grave que va a dar lugar a que les detengamos y entremos por la fuerza, háganse cargo de la situación”, amenazó el subinspector a cargo de la operativa, que fue quien dio la orden primero de intentar abrir la puerta por el método del 'resbalón', después de desmontar la cerradura y finalmente de usar el ariete.