La acusación ve "privilegios" para los policías que dieron una 'patada en la puerta' para parar una fiesta Covid

Juan Gonzalo Ospina, el abogado que representa al inquilino de la vivienda en la calle Lagasca de Madrid en la que seis policías dieron una 'patada en la puerta' para interrumpir una fiesta celebrada en la pandemia, ha denunciado que están existiendo “privilegios” para los agentes durante el proceso judicial que ha empezado esta semana en la Audiencia Provincial de Madrid.

En la sesión de este martes, en la que las partes han presentado sus argumentos iniciales frente al jurado popular, la defensa ha esgrimido por medio de Juan Antonio Frago, uno de los abogados, que dos de las asistentes a la fiesta celebrada en marzo de 2021 provienen de familias de renombre y que eso ha magnificado el caso.

"Los agentes venían el día anterior de custodiar el Palacio de Hielo, donde había numerosos cadáveres, pero no nos vamos a escudar en cómo les afectó el contexto de pandemia, habrían actuado igual en una situación normal", ha defendido.

Sin embargo, según ha denunciado Ospina a este periódico, el proceso está “descompensado” desde la misma constitución del jurado popular, pues, al haber sido considerada la Fiscalía como acusación pese a que pide la absolución de los agentes, tres cuartas partes de las recusaciones estuvieron el lunes en manos de quienes piden que no se les condene por allanamiento de morada. Esto, dice, podría anticipar una causa de nulidad de la vista oral.

Además, Ospina también denuncia que en la segunda jornada del juicio los agentes han pedido no ser grabados en vídeo durante la sesión y que el juez estaba dispuesto a concedérselo. “No pueden existir ese tipo de privilegios”, ha denunciado el abogado en los pasillos de la Audiencia Provincial.

Derribaron la puerta con un ariete

Los agentes, cinco hombres y una mujer, derribaron con un ariete la puerta de la vivienda en la que se estaba celebrando una fiesta en la madrugada del 21 de marzo de 2021, es decir, cuando las restricciones del coronavirus aún seguían vigentes. Por eso, la Fiscalía ha planteado durante la sesión la duda de si "los agentes entraron porque querían entrar o si pensaron que se estaba cometiendo algún delito" en el interior.

La entrada por la fuerza se produjo después de que intentaran razonar con los asistentes a la fiesta, de tratar de abrir la puerta por el método del ‘resbalón’ e incluso de desmontar la cerradura con un destornillador. Los jóvenes, por su parte, advirtieron a los agentes de que no tenían una orden judicial para entrar en el domicilio y de que, por tanto, no tenían derecho a hacerlo. Una de las asistentes, de hecho, llegó a decirles que estaba estudiando Derecho y que se sabía las leyes “mejor que ellos”.

Ahora, los agentes alegan que solo seguían órdenes del subinspector presente y éste defiende por su parte que no sabía que lo que estaba ordenando era ilegal. Esto ha sido rechazado frontalmente por la acusación particular, que considera que los agentes conocían perfectamente la ley por su formación como policías: "Estamos hablando de unas personas que han estudiado el Código Penal y la Constitución Española y que entraron con un ariete en época del Covid en un domicilio".

En la segunda sesión del juicio celebrada este martes se han leído los escritos de la defensa y la acusación frente a un jurado popular compuesto por seis mujeres y dos hombres que valorarán si se produjeron los delitos de allanamiento de morada de los que se acusa a los policías.

Por ello, la acusación particular pide dos años y seis meses de prisión e inhabilitación para cada uno de los seis agentes, mientras que la Fiscalía pretende la absolución de los cinco subordinados por estar acatando órdenes y del subinspector al cargo por desconocer que derribar la puerta de un domicilio con un ariete iba en contra de la legalidad. "No queremos limosnas de la Fiscalía, los agentes estaban convencidos de que lo que hacían era lo correcto", ha argumentado Frago.

"¡Salgan!, ¡identifíquense!"

Los hechos tuvieron lugar el 21 de marzo de 2021, cuando, en plenas restricciones por la pandemia del coronavirus, la Policía procedió a desalojar una vivienda en el centro de Madrid en la que se estaba celebrando una fiesta. Los seis agentes implicados, que estos días están citados ante la Audiencia Provincial de Madrid por un presunto delito de allanamiento de morada, procedieron a advertir verbalmente a los jóvenes que se encontraban en el interior antes de derribar la puerta por la fuerza.

Las denuncias previas de los vecinos apuntaban a que la fiesta se estaba celebrando en un piso turístico y que además se estaban organizando allí de forma recurrente, pues habían sido necesarias “15 o 20 llamadas” durante los días previos hasta que la policía se decidió a actuar.

Según constatan las transcripciones de las cámaras que portaban los agentes, intentaron advertir a los jóvenes que se encontraban dentro del piso en la calle Lagasca, en el centro de Madrid, tanto en inglés como en español, pero no obtuvieron respuesta.

“Abren la puerta y se identifican, salen las personas del interior, los denunciamos y se van. Pero si no abren la puerta, ya les hemos dicho que es un delito de desobediencia grave a agentes de la autoridad. No sabemos cómo hacérselo saber, están en un piso turístico, no es un domicilio, ¿vale? Así que no tienen derecho a estar ahí dentro si están incumpliendo las medidas de Covid. ¡Salgan!, ¡identifíquense! Y cumplan la normativa o cometerán un delito de desobediencia grave que va a dar lugar a que les detengamos y entremos por la fuerza, háganse cargo de la situación”, amenazó el subinspector a cargo de la operativa, que fue quien dio la orden primero de intentar abrir la puerta por el método del 'resbalón', después de desmontar la cerradura y finalmente de usar el ariete.