Los fiscales conservadores fuerzan al Consejo Fiscal a pronunciarse sobre la amnistía

El movimiento del sector conservador del Consejo General del Poder Judicial que propició que el pasado 6 de noviembre este órgano emitiera una dura declaración contra el proyecto de ley de amnistía se repetirá en los próximos días en relación con el Consejo Fiscal, después de que seis vocales de la mayoritaria Asociación de Fiscales, de corte conservador, hayan solicitado una reunión extraordinaria para valorar el proyecto.

Este órgano consultivo, cuyo dictamen sobre la ley ha sido esquivado por el PSOE y sus socios independentistas --al optarse la técnica legislativa de la proposición de ley-- está presidido por el fiscal general, Álvaro García. Desde las últimas elecciones para su formación, celebradas en mayo de 2022, integran el Consejo una mayoría de seis vocales de la asociación mayoritaria. Como bastan únicamente cuatro para obligar a una reunión extraordinaria, García no tendrá más remedio que convocarla, explican a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, fuentes fiscales.

En su escrito, los vocales de la Asociación de Fiscales instan la aprobación de una declaración institucional sobre la amnistía porque esta ley cercena la función del Ministerio Público de "promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad". El pronunciamiento del órgano consultivo es, por lo tanto, "ineludible" según estos fiscales. 

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Añaden que el proyecto quiebra "de forma flagrante la separación de poderes al subordinar el Poder Judicial, en que el Ministerio Fiscal se encuentra integrado con autonomía funcional, a la conveniencia y necesidades aritméticas de un futuro Ejecutivo".

Proceso pendiente en el Tribunal de Cuentas

Además, sostienen que "este análisis, debate y pronunciamiento resulta aún más oportuno, atendido que la norma propuesta contempla expresamente la activa intervención del Ministerio Fiscal, al legitimarlo para interesar la aplicación de la amnistía en cualquier fase del proceso penal y recoger el trámite de audiencia al mismo, tanto en procesos penales como en procesos ante el Tribunal de Cuentas".

Por otra parte, el movimiento de jueces que se manifiestan a las puertas de los órganos judiciales contra el acuerdo de investidura firmado por PSOE y Junst y su alusión al lawfare sigue creciendo.

A las protestas que este martes se llevaron a cabo en Córdoba, Sevilla, Algeciras (Cádiz), Jaén y Salamanca se sumarán las de los jueces de Pamplona, que han convocado una concentración a las 12.00 de este jueves “en defensa de la independencia judicial y el Estado de Derecho”.

En su comunicado de convocatoria, que realiza la Junta General de Jueces de Pamplona, se dice que el texto del acuerdo de investidura "contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas". 

Entienden que ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes. "Estas expresiones, en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables -argumentan-. El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta".