Los conservadores del CGPJ imponen un pleno sobre la amnistia el próximo lunes

Habrá pleno sobre la futura ley de Amnistía en el órgano de gobierno de los jueces. El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha convocado una reunión de carácter extraordinario a las 19.00 del próximo lunes, 6 noviembre, para debatir la propuesta de ocho vocales del sector conservador contra la futura ley de amnistía que beneficiará a promotores y partícipes del 'procés'. La convocatoria venía obligada al ser al menos cinco los miembros del órgano que lo solicitaban.

Es la mitad del pleno, un total de ocho de los 16 vocales que integran ahora mismo esta institución, los que exigen un pronunciamiento que exprese la "intensa preocupación y desolación" del órgano por la ley de amnistía que el PSOE está ultimando con ERC y Junts en el marco de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez como presidente el Gobierno.

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Para que la declaración institucional salga adelante son necesarios los votos de al menos 9 vocales. Se cuenta con el apoyo de los ocho firmantes y, en principio, con la negativa de los 6 vocales del sector progresista, que consideran que se trata de un pronunciamiento político y no de una declaración institucional. También subrayan que no hay precedentes de que se pida una declaración de este tipo sin haberse presentado una proposición de ley, informa Europa Press.

Así las cosas, la aprobación del texto depende de la postura que adopten otros dos vocales también del bloque conservador que no han suscrito la propuesta, que son el propio Guilarte y el vocal y magistrado del Tribunal Supremo Wenceslao Olea.

El debate tendrá lugar a petición de los vocales Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona. Todos nombrados a propuesta del Partido Popular.

En su texto, aseguran que la ley de amnistía tendrá efectos de "degradación" para el país, "cuando no de abolición del Estado de Derecho en España". Insisten también en que cuando se aplique la amnistía a los encausados por el 'procés' el Estado de Derecho en España "pasará a ser una mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España".

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Expresan igualmente su temor a que ésta afecte no sólo a los acontecimientos relacionados con el referéndum de 2017 sino también a otros anteriores, entre los que habría "delitos de corrupción", y también posteriores, cometidos "para oponerse a la acción legítima del Estado para llevar a sus autores ante la justicia".

En el texto, apuntan también que la ley se vaya a pactar con partidos como Junts, "dirigido por un prófugo de la justicia que se beneficiará personalmente de la medida", en referencia al expresidente catalán Carles Puigdemont. Y cargaron contra Sánchez por argumentar que la amnistía se adoptará en "interés de España" para "impedir un eventual gobierno de partidos de derecha en caso de que hubiese repetición electoral".

"Confundir el 'interés de España' con el interés del presidente del Gobierno en funciones para evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya es algo manifiestamente incompatible con la alternancia política", afirman, para concluir que "se violenta la independencia de los tribunales en su aspecto más básico". Por último, advirtieron de que la amnistía no sólo violenta la Constitución sino también los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión Europea "para que en todo momento prevalezcan los principios de Estado de derecho e independencia judicial".

Por su parte, la ministra de Defensa y ex vocal del Consejo, Margarita Robles, ha acusado a los proponentes de la mayoría conservadora de este órgano de "falta de sentido de la realidad" al sacar esas conclusiones, porque, según ella, son los Juristas los que incumplen la Constitución. "Llevan diez años en situación de inconstitucionalidad", ha manifestado al ser preguntada por los periodistas en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).