La Justicia avala el expediente de Marlaska al exjefe de la UDEF por filtrar datos de Gürtel y participar en la Kitchen

La Justicia ha confirmado la decisión del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska de expedientar al exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) José Luis Olivera por "filtrar" supuestamente datos del caso Gürtel y participar en la Operación Kitchen sobre el presunto espionaje desarrollado en el seno del Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz en 2013 contra Luis Bárcenas. En esas fechas, el extesorero del PP amenazaba con tirar de la manta y planeaba reconocer la existencia de una caja b en su partido, que gracias a la investigación desarrollada por el juez Pablo Ruz y la Fiscalía Anticorrupción acabó confirmando el Tribunal Supremo.

Así consta en un auto de 19 de junio de 2023, al que ha tenido acceso El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, en el que la Sección de Apoyo a la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) confirma la decisión adoptada por la Dirección General de la Policía el 2 de agosto de 2021 de suspender a Olivera de forma provisional de sus funciones policiales.

"En ningún caso", concluyen los magistrados, la decisión del Ministerio de Marlaska "puede incardinarse en la figura de la desviación de poder". Resaltan, en el mismo sentido, que la suspensión se adopta "con base a los datos fácticos expuestos en el citado auto penal [de 29 de julio de 2021 de procesamiento en el 'caso Kitchen'] que acaecieron cuando estaba en servicio activo".

"No les denunció"

La resolución judicial del TSJ madrileño recuerda que el decreto de incoación del expediente, que fue confirmado por la Dirección General de Policía, tiene en cuenta que el auto del instructor de la 'operación Kitchen', Manuel García Castellón, especifica que Olivera, "policía en activo, conoció de unos hechos delictivos y no los denunció en tanto agente de la autoridad". Y estos hechos, recuerdan los magistrados, son los que motivan la incoación del expediente disciplinario que podrían constituir unas faltas administrativas, pues este comisario principal "sigue perteneciendo a la Policía Nacional en un cargo importante y esencial (comisario principal)". Además, los magistrados constatan que la continuidad del exjefe de la UDEF podría atentar al interés del servicio y la integridad de la función pública "dada esa posición en la jerarquía policial y su amplio conocimiento del cuerpo". En cuanto al hecho de que no esté percibiendo todas sus retribuciones, el auto advierte de que si finalmente es absuelto se le podrían restituir las rentas no percibidas.

El Ministerio de Marlaska tomó la decisión de expedientar a Olivera después de que el instructor del caso Kitchen acordara, mediante el mencionado auto de 29 de julio de 2021, dirigir la acusación contra Olivera por su presunta participación en el espionaje a Bárcenas. "Según expone su señoría, el señor Olivera habría tenido pleno conocimiento de la referida operación, de su ilicitud, y del empleo de fondos reservados para el abono del colaborador utilizado, [el exchófer de Bárcenas Sergio Ríos Esgueva] no llevando a cabo acción alguna, como agente de la autoridad, para denunciar o evitar el desarrollo de la misma", apunta de forma específica el expediente.

El expediente de Interior también tiene en cuenta que existen indicios, según el juez García Castellón, de que cuando Olivera ejercía la jefatura de la UDEF pudo haber "filtrado información a terceras personas, ajenas a la investigación", sobre la operación Gürtel. También "habría intentado persuadir al responsable de la investigación [el inspector jefe Manuel Morocho] para que cambiara de destino" y se trasladara a Lisboa.

Segunda actividad

En las fechas en las que fue expedientado, en agosto de 2021, Olivera se encontraba adscrito a la Jefatura Superior de Policía de Madrid, en situación de segunda actividad sin destino. Y el Ministerio de Marlaska consideró que por la gravedad de los hechos que se le imputan en la Audiencia Nacional, su conducta podría derivar en una falta disciplinaria grave.

El TSJ madrileño tampoco ha hecho caso a Olivera en su pretensión de que se le devuelvan el permiso de armas y el arma reglamentaria. Este comisario principal reclamó la devolución al considerar que la retirada de la pistola le generaba "inseguridad" porque durante su trayectoria profesional "ha recibido amenazas por parte de diferentes grupos y organizaciones criminales contra los que ha actuado". Sin embargo, los magistrados advierten a Olivera de que su suspensión provisional de funciones conlleva la pérdida de los derechos inherentes a su condición de funcionario durante el tiempo de permanencia en la misma, y en consecuencia, la pérdida de la autorización para portar armas.

Olivera alegó, además, que Interior había vulnerado su presunción de inocencia, pues se le estaba sancionando de manera "anticipada" pese a que llevaba ya un año sin destino y en segunda actividad: "Por lo que no podía estar en disposición de causar daño al prestigio de la Policía Nacional" ni "interferir en la tramitación del expediente disciplinario ni en el procedimiento penal". El abogado del comisario también resaltó que la suspensión provisional de funciones de su cliente se basa en una decisión judicial que no es firme.

Abogacía del Estado

Por su parte, la Abogacía del Estado, que reconoce que la medida adoptada contra Olivera es "excepcional", rechazó que el expediente fuera, tal y como consideró Olivera, una sanción encubierta. De esta forma, los servicios jurídicos del Estado refrendan la decisión de Interior por "la gravedad de los hechos en que se apoya", ya que este comisario fue imputado por "diversos delitos". Por ello, cree que el expediente disciplinario "es proporcionado y adecuado" pues las actuaciones que merecen reproche penal se llevaron a cabo "en su ámbito laboral".

Además, la Abogacía resalta la incompatibilidad existente entre las funciones que ejercía Olivera, comisario principal de la Policía Nacional, y su imputación en un procedimiento penal por hechos directamente relacionados con el ejercicio de su cargo. Si no hubiera sido apartado su continuidad podría ocasionar "un riesgo para la función policial así como para la investigación judicial de los hechos que se le imputan", concluye.

En su escrito de acusación del caso Kitchen del pasado mes de febrero, la Fiscalía Anticorrupción aseguró no haber encontrado indicios de la intervención de José Luis Olivera que justifiquen una petición de penas contra él. Tampoco ha podido acreditar que 'controlara' al chófer del tesorero del PP ni le realizara pago alguno o incrementara su patrimonio al intervenir en estas operaciones.

El auto del Tribunal Superior de Justicia madrileño sobre el expediente al exjefe de la UDEF es susceptible de recurso ante el Tribunal Supremo.