La jueza deja en libertad a los administradores de las entidades implicadas en el caso de corrupción de Sitges

La jueza de Vilanova i la Geltrú que investiga el caso de presunta corrupción en Sitges ha dejado este viernes en libertad a Carlos N. M. y a su pareja, los fundadores de la asociación Taula del Tercer Sector Social de Sitges-Garraf y de la cooperativa, Llocs Espais i indrets 1918 SCCL (LLEI 1918), las dos entidades que percibieron subvenciones del Ayuntamiento de dicha localidad y que están acusadas de fraccionar contratos de servicios municipales para eludir la convocatoria de un concurso público. El proceso judicial está abierto por los presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental. La magistrada tomará declaración en los próximos días al resto de las otras nueve personas que fueron arrestadas y que quedaron en libertad, entre ellos la alcaldesa Aurora Carbonell, así como al resto de investigados.

Tanto Carlos N. M., conocido en la localidad como 'Carlos el del Texas' porque regentó un bar con este nombre en el centro, como su mujer han pasado este viernes a disposición judicial y se han acogido a su derecho a no declarar, como hicieron el miércoles el resto de arrestados en la comisaría de La Verneda, en Barcelona, donde fueron trasladados desde Sitges. Entre los investigados se encuentran, además de la alcaldesa y los fundadores y gestores de las dos entidades, regidores y técnicos mucipales. Desde el consistorio se ha informado que tras detectarse las presuntas irregularidades "esternas" se encargó a profesionales jurídicos el esclarecimiento de los hechos y se inició el proceso para el retorno de subvenciones que no estaban plenamente justificadas.

Los contratos sospechosos

Sin embargo, la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Vilanova i la Geltrú, no solo rastrea las subvenciones dadas por el ayuntamiento a la asociación de Carlos N. M., sino también los contratos de servicios que fueron adjudicados. En este sentido, en los autos de entradas y registros de dependencias municipales, domicilios y las entidades bajo sospecha, la jueza sostiene que a raíz de las pesquisas efectuadas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, cuyos agentes practicaron las detenciones y los registros, ha hallado fraccionamientos en los importes de los contratos, ajustándolos al límite que permite otorgarlos a dedo y prescindiendo de los principios de publicidad y libre concurrencia.

Estos servicios fueron otorgados "siempre" a los mismos profesionales y una de las entidades, la citada Taula del Tercer Sector Social de Sitges-Garraf presidida por el principal investigado, Carlos N.M., aportó documentación falsa que no se corresponde al objeto de las subvenciones, "habiendo sido aceptada por los responsables de los órganos gestores y por el propio Ayuntamiento de Sitges", describe la resolución judicial a la que ja tenido acceso.

Así, según la jueza,se entregó al consistorio documentación de gastos particulares, como facturas de reparaciones de electrodomésticos o adquisiciones de prodductos de uso doméstico, que se alejan del objetivo por el que fueron otorgadas las subvenciones. Uno de los hijos del matrimonio percibía, presuntamente, donaciones en conceptos de "alimentos, higiene y para emanciparse" por su labores de voluntario, pero al mismo tiempo, había estado contratado por la asociación de su padre. Otro indicio se deriva de la adquisición por parte de la cooperativa de un vehículo, Dacia Duster, que pocos meses después fue transferido a la hija de la pareja.