Tribunales

Laura Borràs señala a sus subordinados y denuncia ante el tribunal una "persecución política"

La que fuera directora de la Institució de les Lletres Catalanes asegura que la administradora de esta entidad era quien tramitaba la contratación, aunque precisa que "nunca se ha vulnerado la ley"

Laura Borràs.

Laura Borràs. / EP

Fidel Masreal

“En ningún momento se ha vulnerado la ley de contratos, había trabajos y encargos que no superaban el límite de la ley, para objetos diferentes, cuestiones diferentes y años diferentes", ha asegurado este lunes Laura Borràs en el juicio que se celebra contra ella en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) por favorecer presuntamente a un amigo, el informático Isaías Herrero, y supuestamente fraccionar indebidamente hasta en 18 contratos los trabajos relacionados a la creación de un nuevo portal de internet y su mantenimiento. Aparte de la máxima de negar las supuestas irregularidades, la presidenta de Junts se escudó en los sus subordinados en la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), organismo que dirigió entre 2013 y 2018, al explicar la tramitación de los expedientes de contratación bajo sospecha. Y no dejó pasar la oportunidad de reiterar que la investigación contra ella es una "persecución política".

Los principales dardos los lanzó hacia la que era administradora de la ILC, Assumpta Pagespetit, la persona que la semana pasada durante el juicio le incriminó y aseguró que fue Borràs quien decidió continuar con el fraccionamiento de los contratos, a pesar de que ella misma le comunicara que no era correcto y de las advertencias de la Intervención de la Generalitat. "Yo no tenía experiencia en administración pública cuando entro en la institución y me apoyo en sus trabajadores, entre ellos, en Pagespetit. Es una persona rigurosa, exigente e inflexible. Me ofrecía toda la confianza", recalcó la que fuera directora de la ILC.

Borràs también desmintió que la Invervenció General le alertara de que estaba incumpliendo la normativa de contratación, como dijo Pagespetit. Precisó que, además de esa confianza hacia la que era empleada de la entidad, había una intervención delegada que autorizaba los pagos tras comprobar que los expedientes estaban bien y se habían efectuado los trabajos. "Me siento segura, no solo por la experiencia de Assumpta Pagespetit y de Roger Espar (sustituyó a la primera durante una baja laboral), sino por esa fiscalización extra", recalcó la presidenta suspendida del Parlament.

La política catalana quiso dejar claro que ella era la que explicaba los proyectos que se debían realizar y que Pagespetit y Espart tramitaban los expedientes de contratación, entre ellos, los de Herrero. "El expediente que pasa por Assumpta es de 10", recalcó e insistió en que la mayoría de la contratación que realizaba la ILC era menor, es decir, inferior a los 18.000 euros, alcanzando los 800 u 850 al año, y sostuvo que la que era administradora de la entidad nunca puso ningún impedimento a la hora de utilizar esa fórmula para realizar un encargo.

"No dijo nada que fuera recogido en las actas" y "si no le hubiera parecido mal, no lo hubiera hecho", declaró la presidenta de Junts. Lo único que le requirió esta funcionaria, detalló, es que en contratos de determinadas cantidades se debían presentar tres presupuestos como hizo Herrero. Eso sí, desmintió rotundamente que ella hubiera elaborado alguno de ellos. "Nunca elaboré presupuestos ni facturas", relató Borràs, en contra de lo que defiende la fiscalía, y abundó en que "no se abusa de la contratación menor porque toda es contratación menor".

"Una cuestión incómoda"

La dirigente independentista explicó que fue la administradora de la ILC quién le comentó que el uso de cooperativas para facturar los servicios, como hizo Herrero, era legal, pues estas entidades únicamente realizaban las gestiones administrativas de sus asociados. A la pregunta de por qué considera que Pagaspetit afirmó ante el tribunal que le advirtió, al igual que la Intervenció de la Generalitat, de que podría estar cometiendo ilegalidades, Borràs aseveró que estar sometida a un proceso judicial, como es el de esta empleada de la Institución, "es una cuestión incómoda y cada uno responde a esa circunstancia como puede y entiendo que ella se quisiera quitar la responsabilidad de encima".

La presidenta de Junts incluso rechazó que la Intervenció de la Generalitat le advirtiera de las irregularidades, sino, todo lo contrario, que había aceptado sus alegaciones, aunque eso no ocurrió así, pues solo aceptaron algunas menores, pero no las portal web de internet, cuestión en la que se mantuvieron las recomendaciones. A su entender, los trabajos que se adjudicaron a Herrero son "proyectos independientes", negando, de esa manera, el fraccionamiento ilegal de contratos.

Borràs también se escudó en el 'exconseller' Ferran Mascarell a la hora de explicar el proyecto de nuevo portal de internet y en la contratación externa de esa labor. No se le encargó al CTTI porque la lista de espera era amplia y tardaría tiempo. Por esa razón, el ILC encargó ese trabajo, entre otros, a Herrero, al que la dirigente independentista ha definido como un "artista digital" y al que conoció en un concurso de literatura digital en Vinaròs. Para ella, la persona adecuada para los trabajos era este informático. "Necesitábamos su experiencia", subrayó. El objetivo era hacer una "revolución digital" con el diseño de este nuevo portal web. Mascarell, según sus palabras, le dio el visto bueno para poder contar con colaboradores externos para realizar este servicio. En la recta final de su interrogatorio, la líder soberanista escarbó en los problemas de drogodependencia que sufrió Herrero a partir de 2016 y aludió a sus "desapariciones, ausencias y lagunas".

La custodia de las pruebas

Antes de la declaración de Borràs, por la mañana, los peritos de la Guardia Civil y los de la defensa, entre ellos el ultra y exmiembro de Fuerza Nueva Luis Enrique Hellín, condenado en 1982 por el asesinato de Yolanda González, se enzarzaron en un debate técnico sobre si podían haber manipulado o no el contenido de los tres discos duros de ordenador intervenidos en los registros de la vivienda de Herrero. Mientras los primeros recalcaron que la copia que se hicieron era correcta y que no añadió ningún archivo, los peritos de la presidenta de Junts, a través de las preguntas de su abogado Gonzalo Boye, lanzaron sospechas sobre los discos duros que se confiscaron, hasta tal punto que alegaron que podría ser que los incorporados en la causa no sean los originales.

Los peritos de Borràs pusieron en entredicho la cadena de custodia de esos discos duros, que permitieron la descarga de los correos incriminatorios contra ella. Sobre uno de ellos, afirmaron que no se calcularon las “huellas digitales” hasta meses después de su incautación, y respecto a los otros dos sostuvieron que no se creó el algoritmo matemático (hush) que permite verificar la integridad de los mensajes y autentificar la información. Sin embargo, los guardias civiles explicaron que ellos no dan “tanta importancia” a ese algoritmo, pero avalaron que no se ha producido ninguna alteración en el contenido de estos dispositivos.