Ya ocurrió el pasado año y este se volverá a repetir. Unidas Podemos ha presentado junto a ERC y EH Bildu cuatro enmiendas al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 para forzar al PSOE a desbloquear la tramitación de la ley de vivienda. Los morados, junto a los dos socios habituales, han recogido la esencia de la norma en disputa y han trasladado sus medidas más importantes a las cuatro iniciativas. Así, pretenden prohibir de forma definitiva los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional o regular el precio de los alquileres. En noviembre de 2021, un movimiento similar de los morados junto a los republicanos catalanes y el partido aberzale ya tensionó las costuras del Gobierno de coalición. El PSOE llegó a tildarlo de "deslealtad".
Un día después de que el Ejecutivo superara las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox, Cs, Junts, CUP, Foro Asturias y los exdiputados de UPN gracias a un primer entendimiento con ERC, PNV y EH Bildu, ha empezado ya la segunda fase de las negociaciones. La más complicada. Los grupos parlamentarios tenían hasta este viernes a las 14:00 horas para registrar sus enmiendas y Unidas Podemos ha sorprendido con cuatro iniciativas firmadas junto a los socios habituales del Ejecutivo para intentar incluir las principales medidas que están recogidas en la ley de vivienda.
El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha explicado a través de un vídeo publicado en las redes sociales que existe un "bloqueo en la negociación" de la ley y que no están siendo capaces de "convencer" al PSOE en determinados aspectos. Así, su intención es que ante el parálisis de las conversaciones, las principales medidas se pongan en marcha con los Presupuestos. "No se entendería que se aprobaran estos presupuestos generales, el último gran acuerdo de la legislatura, sin que estas medidas estuvieran en vigor", ha defendido la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, en Twitter.
Trasladando la ley
El aspecto más relevante incluido en la norma es la regulación de los precios del alquiler. Actualmente, está en vigor una medida que limita las subidas de los precios del IPC y los vincula al índice de garantía de competitividad, que está topado en su propia definición legal en el 2%. En una de las enmiendas se plantea establecer este límite de manera indefinida. Además, se recoge la modificación de la ley de arrendamientos urbanos para que en aquellas zonas declaradas como mercado tensionado la renta establecida al realizar un nuevo contrato no pueda superar la del anterior contrato, incrementada con el índice de garantía de competitividad. Al igual que el proyecto de ley de vivienda que acordaron en el seno del Gobierno, las enmiendas recogen la salvedad de un incremento del 10% en el caso de que los últimos dos años se haya rehabilitado la vivienda, se haya mejorado su eficiencia energética o el contrato se firme por 10 o más años.
También recuperan el sistema de incentivos para fomentar la bajada de precios. Así, pretenden incluir en los Presupuestos un sistema de bonificaciones fiscales del IRPF: del 90% si se rebaja la renta un cinco por ciento; del 70% si se alquila a jóvenes de entre 18 y 35 años; del 60% si la vivienda ha sido objeto de actuaciones de rehabilitación en los dos años anteriores. En el caso de no cumplir ninguno de los requisitos la bonificación será del 50%.
Por otro lado, una de las enmiendas acordadas busca prohibir los desahucios cuando el arrendador se trate de un gran tenedor de vivienda y el arrendatario no tenga una alternativa habitacional y se encuentre dentro de los parámetros de riesgo de exclusión residencial.
Amparar la ley catalana
A través de las enmiendas, también buscar ofrecer un paraguas jurídico a la ley catalana de alquileres. En marzo de este año, el Tribunal Constitucional anuló una parte de esta norma, aprobada en 2020, que limitaba el precio de los alquileres. El TC entendía que el Parlament no podía legislar sobre la contratación en materia civil. Es decir, que no podía entrar a ordenar sobre los contratos de alquiler.
Sin embargo, morados, republicanos catalanes y aberzales quieren incluir una disposición adicional en la ley de arrendamientos urbanos para que las comunidades autónomas que sean competentes en materia de vivienda y derecho civil, como es el caso de Catalunya, puedan "puedan regular íntegramente los contratos de arrendamientos urbanos". Así, la norma quedaría protegida.
