El Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial y este viernes varias asociaciones de jueces y magistrados han decidido unirse y reclamar al Gobierno un incremento en el número de plazas judiciales para hacer frente el aumento de pleitos que lleva años produciéndose en España, con el único parón obligado de la pandemia.

El encargado de abrir la veda esta semana fue la Sala de Gobierno del alto tribunal que este lunes acordó volver a reclamar al Ministerio de Justicia medidas que permitan evitar el colapso que puede producirse en su Sala Tercera, la de lo Contencioso-Administrativo, después de que no haya actuado tras su primera petición, el pasado mes de enero, ni un mes después cuando la ministra, Pilar Llop, visitó el propio tribunal.

La insistencia obedece a que la Sala Tercera cuenta con solo 25 magistrados, tras las jubilaciones de Rafael Fernández Valverde y Segundo Menéndez, lo que supone el mínimo legal para constituir sus cinco secciones, ya que cada una de ellas debe tener al menos cinco magistrados. A ello se suma la extraordinaria carga de trabajo que ha supuesto desde diciembre la entrada de asuntos de empresas y profesionales, que reclaman que se declare la responsabilidad patrimonial del Estado por la aplicación de las medidas para luchar contra el covid.

Déficit estructural

Pero más allá de los problemas del Supremo, motivados por la falta de renovación del CGPJ y la reforma legal que le impide hacer nombramientos en funciones, la Comisión Permanente del Consejo ha alertado de “la existencia de un déficit estructural en la plantilla de la carrera judicial” que va en aumento y “cronifica” la justicia interina. Por ello acordó interesar del Ministerio de Justicia el incremento del número de plazas a ofertar en las próximas convocatorias de pruebas de acceso a la judicatura.

Según las estimaciones del órgano de gobierno de los jueces, a finales de 2023 habrán ingresado en la carrera judicial 382 nuevos jueces, mientras que las plazas vacantes serán 563, sin contar con las unidades judiciales que el ministerio prevea crear para ese año, lo que arroja un déficit de al menos 181 jueces. La cifra de nuevos ingresos se corresponde a la suma de los 171 alumnos de la promoción 71, actualmente en la fase de prácticas tuteladas; los 161 alumnos de la promoción 72, que el pasado mes de enero iniciaron su formación inicial en la Escuela Judicial, y las 50 plazas convocadas para el ingreso como magistrados nombrados por el turno de juristas de reconocida competencia con más de 10 años de ejercicio profesional. 

Ahora tres de las asociaciones judiciales (todas, menos la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura) se han unido al grito de alarma lanzado desde el Poder Judicial. En un comunicado suscrito por Jueces para la Democracia, la asociación Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente sostienen que "España es uno de los países con mayor litigiosidad de nuestro entorno europeo, con un crecimiento exponencial en los últimos tiempos" y esa circunstancia no se ha reflejado en el número de jueces para resolver esos litigios, sino que la media española de jueces por habitante es muy inferior a la media europea, lo que supone "sobrecarga y retraso en la respuesta que, desde los juzgados, se da a los problemas de los ciudadanos".