Segunda piedra en la normalización de las relaciones entre Estado y Generalitat, en lo que hace referencia a asuntos competenciales y pecuniarios. Tras la retoma de las reuniones de la comisión bilateral, el pasado 2 de agosto, este miércoles se ha puesto en marcha el grupo de trabajo que abordará la cuestión de los traspasos de competencias. En la cita, que en principio tendría que haberse celebrado hace unas semanas, tal y como informó este diario, en plena ebullición de las negociaciones sobre la enmienda a la totalidad que ERC iba a presentar a los Presupuestos Generales del Estado, la parte catalana ha reclamado un total de 56 traspasos. El próximo cónclave tendrá lugar antes de que acabe el año.

Ambas delegaciones han acordado empezar a trabajar por aquellos posibles traspasos que ya se priorizaron en la cita del 2 de agosto, es decir, becas universitarias, salvamento marítimo, formación sanitaria y la ejecución de diversas competencias en materia de legislación laboral. Empieza ahora un proceso de intercambio de documentación y de propuestas con el objetivo, por ejemplo, que la gestión catalana de las ayudas universitarias, la competencia que está más cerca de cambiar de manos, pueda ser una realidad en el próximo curso, el 22-23.

Entre las 56 reclamaciones se halla la de la gestión completa del servicio de Rodalies. En este caso, informan fuentes del Govern, se ha dado traslado de la cuestión a la comisión bilateral de Infraestructuras, que tiene que celebrarse este mes de noviembre; así como reunir al grupo de trabajo para la valoración del déficit de explotación del servicio.

Aviones, carreteras y Fogasa

En la carta catalana de reclamaciones también se halla la gestión del aeropuerto de El Prat; la red viaria del Estado en Cataluña; la gestión del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa); la sustitución de la Guardia Civil en las tareas de protección de la naturaleza; los 'papeles' de Salamanca; el monasterio de Poblet; el Registro Civil de Barcelona y el observatorio del Turó de l'Home, entre otras.