El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado este viernes pedir a Estados Unidos garantías en la extradición del exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal, conocido como el 'Pollo' Carvajal, en lo que se refiere al trato relativo a derechos humanos y a la posibilidad de recurso.

Lo que ha decidido el pleno es notificar el auto en el que acordó en su momento solicitar esas garantías, y ahora Estados Unidos tiene un plazo de 45 días para responder a la Sala de lo Penal, según han explicado fuentes de la Audiencia Nacional.

Según estas mismas fuentes, el auto ya estaba hecho pero no constaba que estuviera notificado.

El pleno, compuesto por la veintena de magistrados que integran la Sala de lo Penal, ha subsanado el error procesal que impidió que la pasada semana se hiciese efectiva la entrega de Carvajal, reclamado por Estados Unidos para ser juzgado por delitos de narcotráfico.

Poco antes de materializarse la extradición, la sección tercera de lo Penal, a la que corresponde su ejecución, se percató, tras advertirlo la defensa de Carvajal, que el pleno no cumplimentó el auto solicitando las garantías a Estados Unidos como anunció al rechazar un incidente de nulidad contra la decisión de entregarle.

Según señaló a Efe la abogada de Carvajal, María Dolores Argüelles, la intención era la de pedir garantías a Estados Unidos de que no va a ser condenado a cadena perpetua.

Este sería el último escollo que había que salvar para poder materializar la entrega, si bien la defensa de Carvajal mantiene que hasta que la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional no resuelva el recurso que presentó contra la denegación del asilo que solicitó el exgeneral, no puede ser extraditado.

Desde que fue detenido e ingresó en prisión tras casi dos años en paradero desconocido, Carvajal ha tratado de frenar su entrega por todos los medios: desde pedir asilo hasta llegar al Tribunal Supremo, que esta semana también ha rechazado su recurso contra el acuerdo del Gobierno a extraditarle.

Otra baza ha sido la de prestarse a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón sobre presuntas tramas de corrupción del régimen chavista con exdirigentes políticos españoles.

Este miércoles declaró ante este magistrado en el marco de unas diligencias reabiertas sobre la financiación de Podemos y volvió a apuntar a supuestos pagos a exdirigentes como Juan Carlos Monedero y Carolina Bescansa, además de comprometerse a aportar una lista de testigos que el juez llamará a declarar bajo la condición de testigos protegidos.

El pleno de la Sala de lo Penal dio luz verde a la entrega de Carvajal en 2019, tras revocar una decisión de la sección tercera.

Tras casi dos años en paradero desconocido, Carvajal, que también intentó sin éxito pedir asilo en España, fue detenido en septiembre en un piso de Madrid.