El exvicepresidente del Parlament y exdiputado de Junts Josep Costa ha salido en libertad este miércoles después de haber sido detenido esta mañana por requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) al no haberse presentado a declarar ante la jueza que investiga por desobediencia a la anterior Mesa de la Cámara catalana.

Tras quedar en libertad, Costa ha explicado que, cuando los Mossos d'Esquadra han acudido a su domicilio para detenerle, ha formalizado su petición de 'habeas corpus' "por detención ilegal" y que ha sido tramitada por el juzgado número 15 de Barcelona que lo ha desestimado. Después, lo han trasladado hasta el TSJC para comparecer ante la jueza y allí ha pedido al secretario de la sala que le otorgar poderes para recusar la magistrada.

"Ha insistido en proceder a hacer mi declaración, que no se ha hecho porque yo he insistido en recusarla como magistrada por falta de imparcialidad en su actuación. Lo que haré ahora será formalizar la querella criminal por detención ilegal siendo esta absolutamente innecesaria, desproporcionada y sin base legal", ha añadido en declaraciones a los periodistas.

Costa ha aseverado que el juicio por desobediencia puede celebrarse sin su presencia y ha justificado su pulso al tribunal: "Si se me puede juzgar sin estar presente, ¿qué necesidad hay de detenerme para llevarme ante un tribunal que ya he dicho que no reconozco su jurisdicción y no tengo intención de declarar? Lo tendrá que explicar en tribunales españoles o europeos", ha insistido.

Torrent, Costa y el resto de la Mesa están imputados por haber admitido a trámite en la pasada legislatura varias resoluciones a favor de la autodeterminación y en contra de la Monarquía. Todos declararon ante la jueza instructora de la causa, Maria Eugènia Alegret, el pasado 15 de septiembre, pero Costa no se presentó. Ante las reiteradas negativas a comparecer en sede judicial, la magistrada ha ordenado a los Mossos d'Esquadra su detención.

El 27-O y las casualidades

Junts ha llamado al independentismo a concentrarse a las puertas del TSJC --los diputados han abandonado las comisiones parlamentarias que estaban en marcha--- y hasta el lugar han acudido varios representantes de ERC, CUP y la ANC. La presidenta de la Cámara catalana, Laura Borràs (Junts), ha sido de las primeras en llegar y ha explicado a los periodistas que se ha enterado del arresto por una llamada del propio Costa y que ha solicitado poder verle en el interior el edificio en una "visita de cordialidad institucional para conocer su situación personal", pero el presidente del TSJC lo ha rechazado.

Para el soberanismo no es casualidad que la detención se haya producido este miércoles 27 de octubre, ya que cuatro años atrás se impulsó una Declaración de Independencia que resultó fallida. "Es una vulneración de derechos que no nos cansaremos de denunciar", ha espetado Borràs.

La actual vicepresidenta primera de la Mesa, Alba Vergés (ERC), ha inquirido en que no cree en las casualidades y ha denunciado que "la represión contra el independentismo no cesa". "No pueden usar el Parlament como órgano censor", ha añadido, y ha planteado la amnistía como solución al conflicto catalán.

El secretario tercero del mismo órgano parlamentario, Pau Juvillà (CUP), ha tachado de "escándalo" y de "nuevo ataque a la libertad" la detención de Costa y ha criticado que se tenga que sentar en el banquillo por una querella de Vox.

Por su parte, la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha reprochado a la línea política del independentismo que no se defendiera la DUI cuatro años atrás y ha asegurado que "ahora no se pueden ni aprobar ni debatir mociones sobre la autodeterminación sin ser consideradas delictivas". Se ha mostrado confiada en la vía europea, pero ha subrayado que aunque la batalla judicial la gane el soberanismo, solo un "camino determinado y riguroso hacia la independencia" acabará con la "represión" del Estado.

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha instado al independentismo a responder "unido" y ha dicho que el soberanismo ha aprendido "que no hay nada casual". "Estamos convencidos de que esta curiosa manera que tiene el Estado de celebrar el 27-O responde a la falta de voluntad negociadora para resolver el conflicto político”, ha zanjado.