La nueva solicitud de medidas cautelarísimas ante el Tribunal General de la Unión Europea, anunciada por el equipo de abogados del ex president y eurodiputado Carles Puigdemont con el objetivo de recuperar la inmunidad parlamentaria, obligará al Parlamento Europeo a intervenir en la causa. De momento, sin embargo, y pese a la condición de eurodiputado del político catalán, la Eurocámara guarda silencio sobre su detención. Un silencio únicamento roto por los eurodiputados que se han pronunciado a título personal sobre un arresto que ha sorprendido a todos. Tampoco ha terciado en el asunto la Comisión Europea, que ha conocido la noticia por los medios de comunicación. “Solo puedo decir que es un tema para las autoridades judiciales y respetamos su independencia”, se ha limitado a señalar el portavoz de Justicia, Christian Wiegand.

Oficialmente, el Parlamento Europeo, la institución en la que el líder de JxCat tiene despacho, calla. Fuentes de la institución insisten en que antes de que haya un pronunciamiento de la Cámara es necesario ver cómo evoluciona la situación. Primero en Cerdeña pero, sobre todo, en Luxemburgo, donde Puigdemont tiene previsto presentar en las próximas horas un recurso para recuperar de forma cautelar la inmunidad que perdió el pasado 9 de marzo. Aunque recurrió aquella decisión y la recuperó provisionalmente, el Tribunal General rechazó mantenerla el pasado 30 de julio alegando que no había riesgo de detención inmediata ni posibilidades de extradición porque la euroorden estaba en suspenso, según habían asegurado las autoridades españolas, aunque el Tribunal Supremo sostiene que está activa y se puede ejecutar.

Giro de 180 grados

Dos meses después la situación ha vuelto a dar un giro de 180 grados y la situación judicial del dirigente catalán vuelve a primera línea. “Si se activa la petición de medidas provisionales obviamente obligará al Parlamento Europeo a intervenir en la causa pero, aparte de eso, no se ve nada en lo que el Parlamento tenga que intervenir”, sostienen fuentes de la eurocámara que de momento apuestan por esperar. “Es muy lógico que haya llamamientos y seguramente los habrá, pero el Parlamento Europeo de momento no puede actuar porque no sabe cuál es la situación sobre la que tiene que actuar o ni siquiera si tiene que actuar o tiene posibilidad de hacerlo”, añaden.

La misma prudencia de la que ha hecho gala el equipo del presidente David Sassoli, eludiendo todo comentario sobre el caso Puigdemont, mantiene la presidenta de los Socialistas y Demócratas, Iratxe García, e incluso los representantes de Ciudadanos. “Pido prudencia y no incurrir en los mismos errores que el independentismo cuando celebra decisiones o sucesos que pueden cambiar con rapidez por su sensibilidad jurídica. Nada es ni será definitivo hasta que el TJUE dicte sentencia”, ha recordado el presidente de la comisión de asuntos jurídicos, Adrián Vázquez, sobre la cuestión prejudicial remitida hace unos meses por el presidente del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, para determinar las razones por las que se puede emitir y, sobre todo, rechazar una orden de detención y entrega europea (OED).

Las reacciones políticas en todo caso ya han empezado, lo mismo que las interpretaciones del auto dictado el pasado 30 de julio. “Carles Puigdemont no tiene inmunidad pese a lo que diga su abogado” y “la justicia italiana podría proceder a su entrada en prisión”, sostiene el eurodiputado del PP, Javier Zarzalejos. “Es un abuso flagrante del derecho de la Unión Europea para perseguir a Carles Puigdemont, nuestro colega parlamentario. Se ríe del estado de derecho en Europa”, ha denunciado la eurodiputada irlandesa Clare Daly. "Debe ser liberado inmediatamente por las autoridades italianas", ha reclamado el copresidente de la Izquierda Unitaria Europea, Martin Schirdewan.