La Fiscalía Anticorrupción pide ocho años de prisión y 19 años de inhabilitación para el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por los delitos de fraude a la administración y malversación de caudales públicos por la compra de la empresa brasileña Emissao con fondos públicos del Canal de Isabel II, así como por el presunto reparto de comisiones derivados de esta operación.
El Ministerio Público también solicita siete años de cárcel y 16 años de inhabilitación por los mismos delitos para el que fuera la mano derecha de González, Edmundo Rodríguez Sobrino.
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón propuso juzgar a González, Rodríguez Sobrino y otras cuatro personas el pasado mes de noviembre por esta pieza separada que se enmarca en el caso Lezo, que estalló en abril del 2017 y supuso la detención del expresidente madrileño. Es la segunda pieza de la causa que se manda a juicio, pues también le procesó por la adquisición de la empresa colombiana Inassa.
En su escrito de acusación, el Ministerio Público explica que el proceso de compra de Emissao se llevó a cabo a través de las sociedades Canal Extensia e Inassa entre los años 2012 y 2014 y estuvo «plagada de ilicitudes», ya que supuso «una salida indebida de fondos públicos» de la Administración autonómica por un importe entre 6,8 y 9,7 millones de euros, debido al «sobreprecio pagado».
Anticorrupción afirma que todo se debió al «plan ideado» por González, el que fuera su mano derecha y expresidente de Inassa Edmundo Rodríguez Sobrino; el exdelegado del Gobierno en Ceuta Luis Vicente Moro; el exgerente de Inassa Diego García Arias y el exdirector de otra filial del Canal Ramón Navarro, por el que se habrían repartido más de 4,8 millones de euros en comisiones ilegales.
