El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha lanzado dos nuevos dardos al que sigue siendo su socio de Gobierno, Esquerra Republicana. El primero, enmendar todo el pacto de ERC con el PSOE, respecto al diálogo sobre el procés y fijar un encuentro previo entre partidos y entidades independentistas para definir las condiciones propias, tras una entrevista personal con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El segundo, un tirón de orejas al vicepresidente Pere Aragonès, que ayer habló sobre el escenario de la posible inhabilitación definitiva de Torra.

La portavoz del Gobierno de Cataluña, Meritxell Budó, en un medido mensaje que leyó en la rueda de prensa, dejó claro que, pese a lo decidido entre Esquerra y el PSOE, es al conjunto de partidos y movimientos independentistas a los que corresponde fijar los «contenidos, condiciones y garantías» del diálogo con el Gobierno de Sánchez sobre el conflicto catalán.

Torra convocará a las fuerzas políticas y sociales en los próximos días. Previamente, el president se reunirá con el recién reelegido presidente del Gobierno. Así prevé concretarlo hoy en una conversación telefónica con Sánchez. Con estas dos decisiones, Torra trata de no ir a remolque del pacto ERC-PSOE -criticado duramente desde que se hizo público por parte de JxCat por insuficiente y «desnudo»-, pero aprovechándose del marco de diálogo fijado entre ambos partidos, protagonizando este foro.

Por otra parte, Torra recibió con sorpresa no precisamente positiva unas declaraciones de Aragonès en una radio catalana en las que constataba que si el Tribunal Supremo ratifica la inhabilitación del presidente por los lazos amarillos, sería el propio vicepresidente el que ejercería las funciones de la presidencia de la Generalitat. Es lo que fija la ley del Gobierno autonómico, pero en Presidencia no gustó nada que los republicanos se sitúen ya en el escenario de un Torra destituido.

Por otro lado, Quim Torra, presentó ayer un contundente recurso ante el Tribunal Supremo (TS) reclamando que no se lleve a cabo la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) que le obliga a despojarse del acta de diputado, tras la sentencia condenatoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por los lazos amarillos. Perder la condición de diputado supondría, según el letrado mayor del Parlamento, que Torra perdería su condición de president, algo con lo que discrepan JxCat y el propio Torra. El recurso al Supremo se basa en la afirmación de que la JEC no puede decidir sobre las incompatibilidades de un diputado.