La fiscalía se opone al archivo de la causa del proceso participativo del 9-N porque ve "sólidos indicios delictivos" en la actuación del expresidente Artur Mas y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau, que continuaron e "intensificaron" la preparación de la consulta al "desafiar" la suspensión del Tribunal Constitucional (TC).
En un escrito, los fiscales Francisco Bañeres y Emilio Sánchez Ulled piden al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que desestime la petición de archivo de la causa planteada por las defensas de Mas, Ortega y Rigau, que alegaron que habían cesado y desistido de la preparación, organización y ejecución de la consulta y la dejaron en manos exclusivamente de voluntarios tras la suspensión ordenada por el TC.
La Fiscalía, que sostiene que Mas "desafió abierta y públicamente la suspensión" acordada por el TC el 4 de noviembre, concluye que si bien es cierto que fueron voluntarios los que atendieron materialmente las votaciones del 9-N en las respectivas mesas, "las tareas organizativas y logísticas para preparar la votación habían continuado a pesar de la suspensión, siempre controladas por la Administración autonómica".
Las defensas de Mas, Ortega y Rigau pidieron el archivo de la causa días antes de que el magistrado instructor del TSJC Joan Manuel Abril remitiera todo el caso al Tribunal Supremo, al entender que los hechos atribuidos al exconsejero de Presidencia Francesc Homs --actualmente aforado por ser diputado en el Congreso-- no se pueden desvincular de los cometidos por Mas, Ortega y Rigau.
El Supremo ha recibido ya la exposición razonada del magistrado y ha acordado la devolución inmediata de las diligencias originales al TSJC porque, hasta que se resuelva sobre el contenido de su petición sobre Homs, entiende que quien debe seguir instruyendo la causa es el alto tribunal catalán.
