El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, ha avanzado hoy que en las próximas semanas el Gobierno tramitará dos nuevos anteproyectos en el marco de la reforma de las administraciones públicas, los que modificarán la regulación del procedimiento administrativo y el sector público.

Son dos iniciativas que el Ejecutivo ya había avanzado que pensaba llevar adelante y que se concretarán en breve para permitir que puedan ser aprobadas por las Cortes antes de que éstas se disuelvan debido a la convocatoria de las elecciones generales.

Ayllón ha dado cuenta de la intención del Gobierno respecto a los dos anteproyectos en su comparecencia en la comisión Constitucional del Congreso a petición del grupo socialista, cuya diputada Susana Sumelzo ha acusado al Ejecutivo de negarse a informar de diversos detalles sobre la "supuesta" reforma de la administración.

El secretario de Estado ha defendido los logros de la misma y ha subrayado la necesidad de seguir trabajando en la misma dirección.

En ese rumbo ha enmarcado los dos anteproyectos que verá en breve el Consejo de Ministros.

Con ellos, según ha explicado, se pretende poner fin "al despilfarro de organismos y entes públicos duplicados", ya que obligará a que todos ellos estén sujetos a una supervisión continua que permita evaluar el cumplimiento de los objetivos que justificaron su creación.

Se introducirá igualmente un régimen estricto para la creación de entes nuevos, con lo que ha dicho que se evitará la proliferación injustificada de empresas y organismos públicos que cree que ha habido en el pasado.

Ayllón ha negado las acusaciones de la diputada socialista en las que ésta ha considerado una falta de respeto al Parlamento que el Gobierno no haya contestado en plazo decenas de preguntas sobre la reforma de la administración y ha expuesto los resultados que está dando ese proceso.

A su juicio, se está consiguiendo una administración pública más efectiva y, según los últimos datos oficiales, se ha logrado un ahorro de 18.187 millones de euros hasta diciembre de 2014, de los que 4.773 corresponden a la administración general del Estado, 10.500 a comunidades autónomas y 2.900 a entidades locales.

El secretario de Estado ha lamentado que el PSOE no reconozca esos resultados y ha confiado en que "poco a poco" lo asuman, aunque ha considerado que el objetivo de "hacer más con menos" parece que "es incompatible con el adn" de los socialistas.

Sumelzo ha lamentado que Ayllón tampoco haya contestado hoy a una serie de preguntas sobre la reforma de la administración y ha considerado que, con ello, se demuestra el comportamiento "intencionadamente obstruccionista" del Gobierno.

"El Gobierno trata de eludir el legítimo control parlamentario, viene a reconocer que no existe un proceso de reforma administrativa y las medidas adoptadas han fracasado estrepitosamente", ha añadido.

Para ella, la única política del Ejecutivo en materia de administraciones públicas "consiste en recortar prestaciones, vulnerar los derechos de los empleados públicos y reducir la calidad de los servicios", y la reforma de la administración es "un plan sin metas, sin seguimientos y sin respaldo presupuestario".

En consecuencia, cree que el Gobierno va a dejar en herencia una administración "estacada, con servicios públicos de mala calidad y con empleados maltratados".