Son días marcados por el escándalo Rato y por la escandalosa polvareda política y social que ha provocado el saber que, además de acogerse a la amnistía fiscal del PP, el exvicepresidente y a la sazón icono económico de su partido, está siendo investigado por varios delitos de peso. Son días de teorías de la conspiración sobre quién y por qué filtró desde el Ejecutivo conservador o desde alguna de las instituciones que supuestamente están bajo sus paraguas una información que erosiona la credibilidad de los propios populares y los coloca en una situación límite en un año hiperelectoral. Esas teorías, variopintas y en algún caso pseudonovelescas, tienen un sorprendente nexo común: el hipotético deseo de algunos de mover la silla del poder al presidente Mariano Rajoy aprovechando que las patas sobre las que se sustenta evidencian vulnerabilidad. Y eso que aún no ha cumplido ni su primera legislatura.
Con independencia de que resulten más o menos creíbles, es un mal síntoma para la salud del PP el simple hecho de que circulen a velocidad de vértigo hipótesis sobre qué ministro o qué cargo público ha hecho llegar hasta la ciudadanía los detalles del polémico caso Rato , cuya difusión coloca al presidente y a sus aspiraciones electorales para el mes de mayo en una delicadísima situación. Nadie niega ya esta mayor, ni en Moncloa ni en la sede de la madrileña calle de Génova.
VUELTA A LA CAMPAÑA Mientras algunos miembros del Gabinete de Rajoy se miran de reojo a raíz de la explosión del Ratogate --especialmente los ministros económicos--, dirigentes del PP revisan una y otra vez la letra pequeña de las encuestas (y eso que las publicadas hasta hoy apenas recogen el efecto en voto de lo sucedido en torno a Rato) y buscan salidas. ¿Cómo darle la vuelta a una campaña electoral que estaba preparada y basada fundamentalmente en otro supuesto milagro económico, un término tan asociado con el proscrito exvicepresidente? "Tanto trabajo acumulado para las elecciones de mayo y para nada", se lamentaba amargamente en los pasillos del Congreso de los Diputados un destacado cargo del partido conservador.
En este contexto es en el que parte del PP (especialmente responsables regionales y locales) se pregunta por qué el Gobierno se escuda en la legalidad para no difundir la lista de los 715 cargos públicos que están siendo investigados ahora por Hacienda tras haberse acogido a la amnistía de Cristóbal Montoro. Se han atrevido a reclamarlo en público el vicesecretario general Esteban González Pons y el candidato José Antonio Monago, pero son muchos más los que se lo piden de forma más discreta a sus superiores.
El principal argumento para
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