Al hilo de la polémica suscitada por los cobros por labores de asesoría percibidos por el diputado del PP Vicente Martínez Pujalte y por el exministro Federico Trillo cuando ocupaba un escaño en el Congreso, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, abogó ayer por llevar a cabo una reflexión amplia sobre la participación en política para que la entrada en la vida pública "no se lleve por delante" la carrera profesional de quienes accedan a una cámara legislativa.
Al ser interpelada sobre esta cuestión en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta evitó comentar directamente la situación de Trillo y Pujalte y eludió asimismo entrar en el debate sobre si es preciso o no endurecer las incompatibilidades de los parlamentarios.
Pero sí subrayó que el núcleo de la cuestión es cómo lograr que personas con prestigio y experiencia profesional entren en política y no vean "limitado con determinadas medidas" ese interés por participar en la actividad pública. "Lo que todos queremos es responsables públicos, actores políticos, con la mayor experiencia posible", aseguró Soraya.
"Tenemos que ordenar bien que quien entra en política para gestionar no se lleve por delante su propia capacidad profesional, su carrera profesional, incluso su prestigio en el sector al que pertenece --destacó Santamaría--. Que aportar a lo público no vaya en detrimento de quien decide dar ese paso", insistió.
La reflexión de la vicepresidenta va en la línea de lo apuntado reiteradamente por el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, que se ha mostrado partidario de ampliar las compatibilidades de los diputados.
Hernando aseguró ayer en Valencia que resulta "positivo" que las personas puedan "entrar y salir de la política" independientemente de cuál sea su profesión y ha defendido que ser parlamentario no ha de implicar la renuncia a su profesión.
El intento del Gobierno y del PP por circunscribir el asunto a un debate sobre incompatibilidades contrastó con la dureza exhibida por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que sostuvo que estamos ante un caso claro de "corrupción".
El líder socialista señaló que las retribuciones a los diputados del PP por parte del Grupo Collosa --una empresa que está siendo investigada por la Agencia Tributaria por un supuesto pago de comisiones irregulares para la adjudicación de contratos vinculados con el sector eólico por una administración del PP-- constituyen una "ilegalidad" y anunció que su grupo pedirá la próxima semana en el Congreso que la Comisión del Estatuto del Diputado "se posicione" sobre el caso. "Despachos del PP, diputados del PP, administración del PP; por tanto, corrupción del PP", resumió Pedro Sánchez, que pidió la dimisión de Pujalte y Trillo.
Podemos apuntó ayer que el caso de los pagos a los dos cargos del PP demuestra la necesidad de que se restrinjan las compatibilidades de los parlamentarios.
