Una norma no escrita que han patentado sin debate alguno los partidos tradicionales establece que un político imputado solo debe renunciar a su cargo público en caso de que el juez le siente en el banquillo. Nunca antes, por aquello de que "una imputación no es una condena" y, por tanto, puede quedar en nada. Pero dos de cada tres españoles no comparten esta tesis, defendida con ahínco por PP y PSOE. Según el Barómetro Político de España del Gesop, el 65,6% opina que la dimisión debe producirse en cuanto el político empieza a ser investigado por la justicia. Solo el 14,9% se alinea con la doctrina de populares y socialistas, mientras que otro 15,6% es aún más laxo y sostiene que el político debe aferrarse al cargo hasta que exista una sentencia condenatoria firme. El 92% está a favor de excluir de la lista electoral a los imputados, mientras que solo el 6,2% cree que pueden concurrir.
