El ministerio del Interior ya ha ultimado el anteproyecto de la nueva ley de Seguridad Ciudadana que pretende paliar la ausencia del faltas del nuevo Código Penal, convirtiendo en infracciones administrativas algunos comportamientos que hasta ahora eran difíciles de castigar por la vía penal porque los jueces no estaban por la labor de criminalizar determinadas protestas. El texto, que Jorge Fernández Díaz pretende aprobar este viernes en el Consejo de Ministros, refleja la preocupación del Gobierno ante la falta de castigo por la alteración del orden público en manifestaciones ilegales, escraches o protestas ante el Congreso, el Senado o cualquier asamblea legislativa autonómica. El anteproyecto incluye un apartado específico en el que el legislador pretende proteger a los funcionarios de los cuerpos de seguridad de las "vejaciones, amenazas, coacciones e injurias" que puedan sufrir en las manifestaciones.

Lo único que el actual equipo de Interior ha mantenido de la ley Corcuera de 1992 son las sanciones económicas, pero traducidas a euros. Y crea tres categorías de infracciones. Las muy graves, con multas de entre 30.001 y 600.000 euros; las graves, que irán de los 1.001 a los 30.000 euros, y las leves, de 100 a 1.000. El texto ha contado con la participación activa de policías y guardias civiles, que han intentado plasmar en el documento todo aquello con lo que se han ido encontrado en los últimos tiempos en las calles. Por ejemplo, los escraches. Hasta ahora, se han castigado (o no) según el criterio del juez. Con el nuevo anteproyecto, Interior crea una herramienta legal para, por ejemplo, imponer un espacio de seguridad de 200 metros alrededor de la vivienda del político acosado.

Las manifestaciones frente al Congreso, el Senado o cualquier asamblea autonómica, si no han sido comunicadas y autorizadas, será una falta muy grave, y se castigarán con la hasta 600.000 euros.