El Gobierno va a promover una reforma legislativa para que los jueces y magistrados elijan directamente a sus 12 vocales en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en lugar de hacerlo como hasta ahora las Cortes, con lo que se volverá al sistema de designación previo a 1985.
El anuncio lo ha hecho este martes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en su intervención ante la Comisión Constitucional del Congreso, que ha abierto las comparecencias parlamentarias que todos los miembros del Ejecutivo van a hacer en la Cámara Baja en las próximas dos semanas.
La número dos del Gobierno también ha señalado la intención del Ejecutivo de consensuar una reforma, que tendría que afectar a la Carta Magna, para cambiar el nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional (TC), para que no estén vinculados a las mayorías parlamentarias en cada caso.
Inhabilitación para los malos gestores públicos
Además ha explicado que la sanción penal adecuada a los gestores públicos que gasten por encima de los recursos de que disponen, y que quiere promover el Ejecutivo, sería la inhabilitación.
Sáenz de Santamaría ha esperado a los últimos minutos de su intervención para explicar la intención del Ejecutivo de reformar el sistema de nombramientos del CGPJ, que ya constaba en el programa electoral del PP y se ha llevado por ello el fuerte reproche del portavoz del PSOE, Ramón Jáuregui.
Jaúregui ha pedido la palabra -porque los grupos no han tenido posibilidad de volver a intervenir tras la réplica de la vicepresidenta- para protestar por este anuncio "sorpresivo" que, sin embargo, llevaba tres horas publicado en la edición digital de El Mundo y por el hecho de que la oposición no pudiera después decir al respecto "ni mu".
Ley de transparencia
En su comparecencia, la vicepresidenta ha dicho que antes del verano el Gobierno remitirá al Congreso la nueva ley de transparencia.
Una norma que, ha explicado, pondrá a disposición del ciudadano, a través de un portal digital, información sobre cuánto ganan los altos cargos, cuántos funcionarios trabajan en los ministerios o cuánto cuestan las cumbres internacionales en las que participe el Gobierno español.
También ha insistido en el compromiso del Gobierno con la austeridad, que reforzará mediante una serie de medidas de ahorro en todos los ámbitos, empezando por el gasto corriente.
Vacantes desde el 2010
El Gobierno ha retomado así la negociación para renovar las cuatro vacantes que el Tribunal Constitucional padece desde 2010 para resolver con urgencia esta cuestión y además presentará una reforma de su ley orgánica para resolver el abuso del recurso de amparo y recuperar la figura del recurso previo de inconstitucionalidad.
Según Sáenz de Santamaría, "si existe una institución en la que merece la pena trabajar por el refuerzo de su independencia, esa es el Tribunal Constitucional", y "el reto es recuperar por completo el prestigio que merece, que se ha visto deteriorado en los últimos años y devolver la centralidad a su primigenia función, que es velar por la constitucionalidad del ordenamiento jurídico".
Por ello, ha anunciado la presentación a las Cortes Generales una ley orgánica para garantizar que las funciones del Tribunal Constitucional se ajustan a las recogidas en la Carta Magna.
Recurso previo de inconstitucionalidad
Ello incluirá, por un lado, la recuperación del recurso previo de inconstitucionalidad de los Estatutos de Autonomía, una figura que se retiró en la década de los ochenta, ya que los socialistas se quejaban de la entonces oposición, de Alianza Popular, llevaba al TC hasta las leyes de Presupuestos Generales.
El PP ya pidió recuperar este mecanismo a raíz del Estatut de Catalunya, que fue examinado y resuelto por el TC después de haber sido aprobado y votado en referendo. Su ámbito de aplicación, por tanto, sería limitado, con preferencia al examen de reformas estatutarias o normas que han de ser sometidas a referendo.
El portavoz del PNV en la Comisión Constitucional, Aitor Esteban, rechazó de plano la recuperación de este instrumento, mientras que desde CiU, Jordi Jané, alertó del peligro de que se abuse de él y de que su aplicación acabe "paralizando la voluntad del legislador". Por contra, únicamente UPyD respaldó la medida sin fisuras.
