El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado una profunda reforma “estructural y profunda” de la justicia y varias leyes de calado en su primera comparecencia en el Congreso, entre ellas, la instauración de la prisión permanente revisable, la imposición de una tasa para aquellos ciudadanos que recurran las resoluciones judiciales y la reforma de la ley del menor para juzgar conjuntamente a menores y mayores por delitos graves.

Gallardón ha revelado que el Ejecutivo "estudia la posible instauración" de la prisión permanente "revisable". Según el ministro, será una "pena excepcional" para supuestos "muy restringidos", pero que "han alcanzado el máximo grado de repulsa social". El ministro ha rechazado que se denomine a esta pena “cadena perpetua”, como se han referido a ella los grupos de la oposición, porque el objetivo de la misma es que el reo abandone la cárcel pero solo cuando demuestre que ha cumplido el mandato constitucional de que se ha rehabilitado. “Supone variar el enfoque para que sea la rehabilitación la que determine el fin de la condena”, ha explicado.

Tasas en la justicia

La prisión permanente revisable figuraba en el programa electoral del PP, así como otras de las propuestas mencionadas, pero no la imposición de tasas judiciales para aquellos ciudadanos que recurran a la segunda instancia. Al igual que ocurrió con la subida de impuestos, el PP no habló de nuevas tasas judiciales en su carrera a la Moncloa.

Según el ministro, "si el ciudadano no se conforma con la respuesta del poder judicial y lo que solicita es un segundo pronunciamiento es cuando se aplicará el nuevo modelo de tasas". Las personas que acrediten falta de recursos estarán exentas del pago, que se reintegrará si el recurso prospera.

Gallardón ha justificado la necesidad crear la tasa, que rechaza que se denomine “copago”, para reducir el "abuso" que algunos ciudadanos realizan de la justicia y, por ende, el aumento de los litigios que se produce año tras año. Esta petición coincide con las reclamaciones planteadas por el colectivo de jueces mayoritario y de carácter conservador, la Asociación Profesional de la Magistratura.

Despolitización de la justicia

"Va a ser una legislatura de transformación", ha sido la conclusión del ministro tras enumerar sus propuestas, entre ellas su intención, ya anunciada este martes por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, de que 12 de los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) vuelvan a ser elegidos por los jueces. La novedad anunciada este miércoles es que el resto de los ocho vocales no serán "objeto de intercambio político" entre los partidos, sino que cada uno de ellos serán elegidos mediante consenso. La intención de Gallardón es "despolitizar" la justicia para acabar con la imagen "enturbiada" que los ciudadanos tienen de los tribunales.

Entre los nuevos proyectos legislativos, el más importante hace referencia a la ley del aborto. El PP se comprometió a modificar la norma y ahora Gallardón ha concretado algún aspecto, como que se exigirá el consentimiento paterno a las menores que quieran interrumpir su embarazo. Además se defenderá el "derecho a la vida" en los términos ya definidos por la doctrina del Tribunal Constitucional.

Política penitenciaria con ETA

Gallardón no ha perdido la oportunidad de referirse al nuevo escenario en el País Vasco desde el anuncio del cese definitivo de la violencia por parte de ETA. El ministro ha advertido que la constitución no admite "la amnistía como indulto de carácter colectivo" y ha subrayado que cualquier medida de gracia para los presos etarras "estaría sujeta a los factores particulares de cada reclusos, entre ellos la petición individualizada de petición de perdón y el ánimo de reparación a las víctimas".

Asimismo ha mostrado su deseo de que el Tribunal Constitucional ratifique la interpretación de la llamada doctrina Parrot que realizó el Supremo, y que exige que los beneficios penitenciarios se apliquen a cada una de las condenas.

Presunción de inocencia

El titular de Justicia ha tenido que referirse también a los múltiples casos de corrupción que salpican a los políticos a petición de varios grupos de la oposición. Gallardón se ha mostrado a favor de “fortalecer” la presunción de inocencia, de forma que no se “condene” a aquellos políticos imputados antes de ser concenados. “Hay que cambiar la mentalidad” ha manifestado, antes de comprometerse a limitar en el tiempo el secreto de sumario para evitar que las filtraciones perjudiquen a los procesados.

Por último, el miembro del gabinete de Mariano Rajoy se ha mostrado en contra de crear consejos autonómicos que tengan facultad para nombrar a jueces, estudiar los ascensos o las medidas de disciplina, cuestiones que en su opinión son competencia exclusiva del Consejo General del Poder Judicial.

La oposición

El portavoz del PSOE en la comisión de Justicia, Julio Villarrubia, ha manifestado su oposición radical al cambio en el sistema de elección de los vocales del CGPJ. En su opinión, el Gobierno pretende "romper los consensos básicos" al permitir que "unos cuantos", en referencia a los jueces, elijan los miembros del Poder Judicial, una facultad que según la Constitución corresponde a los ciudadanos. Villarrubia considera que la intención de Gallardón supone "un ataque a la soberanía popular".

Gallardón también ha prometido que abordará "con la máxima prioridad" la reforma para la lucha contra la multirreincidencia.