El Gobierno está convencido de que las dos próximas semanas son cruciales para la imagen de España. A la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del martes, en la que se marcará a las autonomías el doloroso camino a seguir para tratar de deshacerse del déficit que las asfixia, se suman las citas internacionales que protagonizará Mariano Rajoy. En algunas de ellas, el jefe del Ejecutivo tratará de convencer de que ahora el Estado español y sus comunidades van de la mano en la lucha contra la crisis y que el Gobierno no volverá a pregonar en Europa que la Administración central "cumple" si al mismo tiempo no lo hacen las autonómicas.

Y es que en el Ejecutivo están convencidos de que el encuentro del CPFF terminará con un pacto que, entre otras cosas, garantiza- rá mecanismos para compartir la custodia de las cuentas públicas, sobre todo las que conciernen a las comunidades, sin grandes desavenencias. ¿Cómo? Lo explicaba esta semana, sin micrófonos ni cámaras, un ministro de Rajoy: "Este Gobierno ha tomado una decisión política complicada: se echa a sus espaldas parte de la deuda autonómica. Ninguna comunidad caerá. Pero eso tendrá un precio".

"VOLADURA CONTROLADA" Se- gún fuentes gubernamentales, Rajoy se presentó a las elecciones con la "sospecha" de que las comunidades impedirían cumplir los compromisos de déficit. Desde la oposición se matiza que era una "certeza", ya que la mayoría están en manos del PP desde mayo y algunas desde hace años, como Valencia, cuya deuda ha visto rebajada su calificación a niveles de bono basura. Otras regiones corren el riesgo de seguir ese camino y, el viernes, la agencia Standard and Poor's puso otro palo en la rueda de la solvencia del euro degradando la deuda de parte de los países de la eurozona, entre ellos, España.

En cualquier caso, los populares creen que la situación podría haber sido más grave si el 27 de diciembre, cuando conocieron oficialmente que el déficit para el 2011 iba a rondar el 8% (y no el 6 % que exigía Europa), se hubiera filtrado ese dato a la opinión pública y los mercados. "Que se diera a conocer la desviación el 30 de diciembre, el mismo día en que el Gobierno apro- bó sus primeras medidas de ajuste, fue muy relevante para impedir un susto en los mercados. Las medidas amortiguaron un golpe que podría haber sido muy peligroso. Fue una voladura controlada", apuntaba un ministro.

DISCIPLINA SIN PRECEDENTES El Ejecutivo debe realizar en este año un ajuste que ronda los 40.000 millones, tal y como admitió el presidente el martes en una reunión a puerta cerrada con sus diputados. El PP parece dispuesto a que sea la Administración central la que cargue con la mayor parte del sacrificio, entregando a comunidades y ayuntamientos herramientas para ganar liquidez, a cambio de que se sometan a unas reglas de disciplina presupuestaria sin precedentes (con sanciones incluidas, aunque el Estado renuncia al control previo de los presupuestos) y que acepten otros proyectos más difíciles de digerir como la revisión del modelo auto- nómico, de forma que una misma competencia no sea gestionada por varias administraciones.

Los conservadores quieren añadir el compromiso de todas las regiones de que, además de establecer techos de gasto, van a eliminar o privatizar empresas públicas. Como contrapartida, les entregarán la mitad de la recaudación de la subida del IRPF; se les permitirá aplazar hasta 10 años el pago al Estado del dinero que recibieron en concepto de ingresos que nunca llegaron, y se estudiarán fórmulas como los hispanobonos , los avales para su deuda y las peticiones de crédito indirectas a través del ICO.

Está por ver si el martes las comunidades aceptarán esa política del palo y la zanahoria, algo que desea Rajoy para acudir con tranquilidad a sus citas con líderes internacionales en los próximos días y, sobre todo, a la cumbre de la UE del 30 de enero.