La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía considera acreditado que en los contratos con el PP de las empresas de la red supuestamente dirigida por Francisco Correa "existía un margen de beneficios del 61 por ciento sobre el costo real del servicio". Así lo asegura un informe policial, al que ha tenido acceso Efe, fechado el pasado día 2 y remitido al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira, en el que se analiza la documentación intervenida en el domicilio de uno de los imputados en la causa, David Luis Cerezo. El informe señala también que "se confirma" la participación "directa" del extesorero nacional del PP Luis Bárcenas y del ex Secretario Electoral y exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid), Jesús Sepúlveda, "en la aceptación de los presupuestos y 'extras' presentados" por una de las empresas de Correa, Special Events, al Partido Popular. "Las empresas de organización de eventos de Francisco Correa encontraron una gran fuente de ingresos mediante la organización de actos para el PP tanto a nivel nacional como a nivel del Gobierno regional de la Comunidad de Madrid", dice la UDEF. La Policía subraya la "continuidad a lo largo del tiempo" en la prestación de servicios por parte de las empresas de la trama "para las campañas electorales del PP a nivel nacional por la organización de Francisco Correa". Según el informe, eran dos personas de la mayor confianza de éste, el exsecretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo y Álvaro Pérez, "El Bigotes", los encargados del control "en la elaboración y ejecución de los eventos en las campañas electorales de este partido". El informe dedica un apartado específico a las prácticas de contratación de eventos en Madrid y da cuenta de "la utilización de personas dentro del Gobierno de la Comunidad de Madrid que dirigen este sistema de contratación y facturación a cambio de un porcentaje del precio de adjudicación del contrato en concepto de comisión", entre los que cita al exconsejero regional Alberto López Viejo. Éste, según la UDEF, "indicaba a los miembros de la organización, entre otras cosas, las licitaciones públicas a las que presentarse o las Consejerías a las que facturar". El método empleado consistía en que empresas ajenas a la trama, pero "en connivencia con ésta", se presentaban a la licitación pública y resultaban las adjudicatarias finales, recibiendo como comisión "un porcentaje sobre el precio de adjudicación". Cuando la Comunidad de Madrid pagaba el precio pactado a la adjudicataria "ficticia", ésta lo "reconducía" hasta la empresa de Correa, que era la que realmente había hecho el trabajo "y la que se lleva el dinero". Además, "las facturas generadas eran reconducidas a Consejerías distintas de las que habían sido peticionarias de los actos realizados, con el único objetivo de repartir el enorme gasto público generado (...) y no focalizarlo en unas pocas". Como ejemplo, la UDEF cita el caso de la empresa Ilusiona, que "aparece formalmente como la sociedad que contrata (...), si bien los trabajos los sigue realizando la organización de Francisco Correa a través de la sociedad Servimadrid". "Esta sociedad, para resarcirse de los gastos ocasionados por la realización del evento que supuestamente corresponde a Ilusiona por contrato, hace figurar a esta empresa como cliente suyo, facturándole a continuación el importe correspondiente a los gastos en los que Servimadrid ha incurrido", dice la Policía, que añade que en este caso la "cifra de negocio" alcanzó los 345.190 euros.