La crisis por el secuestro del Alakrana y las gestiones para conseguir su liberación han creado malestar entre las instituciones del Estado y en el seno del propio Gobierno. El Ministerio de Defensa y la Audiencia Nacional emitieron ayer dos inusuales comunicados en los que cada uno defendía su actuación tras el apresamiento del atunero en aguas del Indico el 2 de octubre.
El departamento que dirige Carme Chacón publicó una nota en la que aseguró que la decisión de traer a los dos piratas detenidos a España --uno de los principales obstáculos para negociar en estos momentos-- fue adoptada por "unanimidad". Fuentes de la Moncloa quitaron importancia al hecho de haber tenido que redactar ese mensaje intentando dar imagen de unidad. Esas fuentes aseguraron que el comunicado se hizo para desmentir informaciones de algunos medios de comunicación en los que se responsabilizó a la jefa del gabinete de crisis y vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, de pedir a la Abogacía del Estado que emitiera una denuncia, en contra de la opinión de Chacón que, según esos medios, prefería enviar a los corsarios a Kenia.
La nota de Defensa dice que se limitó a cumplir "estrictamente" las normas de la operación Atalanta de la UE para evitar la piratería y procedió a la detención de los piratas. "La célula de coordinación formada tras el secuestro del pesquero Alakrana asumió esta decisión por unanimidad", acaba el texto.
EN DEFENSA DE GARZON Por su parte, en otro comunicado, la Audiencia Nacional se desmarcó de la decisión de iniciar un proceso penal contra los dos piratas somalíes detenidos por una fragata española y atribuyó la responsabilidad al Gobierno. La presidencia de la institución, en un gesto inusitado, salió en defensa del juez Baltasar Garzón, que incoó el proceso tras recibir una denuncia del abogado del Estado, "sin actuar de oficio".
La Audiencia Nacional, que preside Angel Juanes, negó que Garzón "instara a organismo alguno" para que los corsarios fueran trasladados a España. También rechaza que esta sede judicial haya reclamado "para sí la competencia del caso" ni que haya exigido "que se presentara denuncia alguna". Por el contrario, el juez cumplió "en el marco de la más estricta legalidad" con su obligación de legalizar la situación de los corsarios.
También revela que este tribunal desconocía "que existiera la intención de traslado" de los piratas "a un tercer país", Kenia. Por ello, esta sede judicial optó por tramitar el caso dentro de los "cauces de la legalidad y normalidad procesal requeridos" ante la situación de detención en la que estaban los bucaneros.
El secuestro será un asunto clave en el Consejo de Ministros de hoy, que tiene previsto dar luz verde a la última reforma del Código Penal. Estos cambios incluirán la creación del nuevo delito de piratería, decidido tras el secuestro del Playa de Bakio, en abril del 2008.
