Sorprendía el jueves el INE con el IPC adelantado de octubre, 5,5 por ciento, una cota que no por probable había sido prevista. Al menos hasta diciembre, según han ido adelantando los servicios de estudios económicos. Pero ahí nos puso el jueves el organismo estadístico.

Resultó el viernes que esa cifra podría estar sobrevalorada en cuanto a los precios eléctricos, por no recoger las tarifas que pagan 16 millones de contratos, esto es, seis de cada diez.

El problema viene de tiempo atrás y de la falta de adaptación del INE a los continuos cambios del mercado eléctrico. El asunto es impresentable por todo lo que supone el indicador de precios para la economía en tasas, prestaciones y salarios, por decir algo.

Un mal cálculo del IPC afecta a la información que maneja Eurostat --el INE europeo-- y llega hasta la sala de mandos del BCE, cuya tarea ahora mismo es sencillamente hercúlea. Un mal paso en política monetaria --estímulos y tipos de interés-- sería malo para las economías europeas y letal para la española. Un buen gobierno, dotaría a su órgano estadístico de todos los recursos disponibles y aligeraría buena parte del gasto inútil en asesores ministeriales totalmente prescindibles. Por ejemplo. No es demagogia. Es necesidad y sentido común.