Cuando no agarras el timón con la suficiente fuerza a veces no puedes evitar meterte de lleno en una tormenta. Y eso es más o menos lo que ha ocurrido con el presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Luis Díez-Picazo. Su falta de control o, al menos, de previsión en un asunto tan trascendental como es quién tiene que pagar los impuestos de las hipotecas, y su gestión, tras conocerse la primera sentencia que establecía que deben ser asumidos por la banca, le han situado en el ojo del huracán.
A las críticas de magistrados, como la asociación Francisco de Vitoria y Jueces y Juezas para la Democracia, que llegó a pedir su dimisión, se sumó ayer Podemos con una querella por prevaricación. El partido sostiene que su decisión de dejar en suspenso todos los recursos sobre la materia pendientes de resolución y llevarlos al pleno de la Sala Tercera, para que sus 31 magistrados revisen el cambio jurisprudencial producido, está «motivada por un interés totalmente contrario a la ley y a la propia administración de Justicia». Considera que responde a «un claro interés particular de defensa de los intereses económicos de la banca y en perjuicio de los intereses generales de la sociedad y de los miles de ciudadanos que han sufrido el abuso de las entidades financieras».
En la querella, de 20 páginas, se hace un repaso de la actuación de Díez-Picazo y reproduce las múltiples críticas que se han producido a su actuación desde su nombramiento. Para justificar los «motivos espurios» que le atribuye cita una información de Infolibre que destaca que hasta 2017, Díez-Picazo ha sido profesor del Colegio Universitario de Estudios Financieros (Cunef), adscrito a la Universidad Complutense, y del que es titular la Asociación Española de Banca.
PROFESOR DESDE 2011 / Los jueces tienen un estricto régimen de incompatibilidades que les dejan poco margen para ejercer más actividad que la docencia y la investigación. Díez-Picazo, catedrático de Derecho Constitucional, que llegó al alto tribunal en 2008 en el turno de los magistrados de reconocida competencia, incluye esa actividad docente en su biografía oficial del Poder Judicial y para desarrollarla contó con el pertinente visto bueno del órgano de gobierno de los jueces desde 2011. Pero ello no le supuso ningún problema para ser uno de los magistrados que en 2013 tumbó el indulto concedido por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero al entonces consejero delegado y vicepresidente del Santander, Alfredo Sáenz, que se vio obligado a renunciar al cargo.
Respecto a la presunta incompatibilidad que la querella le atribuye, fuentes del alto tribunal niegan cualquier relación entre su actividad docente en Cunef y su polémica decisión por más «desafortunada y precipitada» que fuera. Con ironía se preguntan si entonces los magistrados con carné de conducir no pueden pronunciarse sobre multas o los del alto tribunal que tengan hipotecas deben abstenerse de participar en el pleno previsto para el 5 de noviembre, que resolverá definitivamente quién paga los impuestos derivados de ellas, después de las tres sentencias dictadas ya por su Sección Segunda, la especializada en tributario.
En esa reunión de toda la Sala se determinará si debe pagarlo la banca, como establecían esas resoluciones, o sus clientes, como había mantenido hasta entonces la jurisprudencia. Y lo más importante: si la decisión es retroactiva y afecta a cualquier hipoteca, a las firmadas en los últimos cuatro años o solo tendrá efecto de ahora en adelante.
En cualquier caso, destacan el poco acierto que tuvo Díez-Picazo, porque, como miembro de la Sala de admisión del recurso que motivó ese fallo, debería haberlo avocado al pleno desde el principio o haberse incorporado a la sección que tomó la decisión, tras celebrar una vista, pero nunca convocar a toda la Sala a posteriori.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, magistrada de la Sala de lo Contencioso durante 12 años, califica de «insólita» y «absolutamente desafortunada» la reacción de su presidente, porque, en su opinión, arroja una «sombra de duda» sobre los magistrados que dictaron la sentencia y «no favorece la idea de seguridad jurídica».
Pese a todo, quizá esta controversia traiga algo bueno. La Unión Progresista de Fiscales aprovechó el río revuelto para advertir del patrocinio de entidades privadas a las asociaciones de jueces y fiscales. Solo la minoritaria Apif se sumó al compromiso que los fiscales progresistas asumieron en 2010 y creen necesario para la imagen de independencia de la Justicia. Las demás admiten una colaboración que definen de «simbólica» del Banco Santander en sus congresos y jornadas.
