"Mire, tengo 76 años y espero que me devuelvan hasta el último céntimo". Entre los centenares de testimonios que este cronista ha escuchado sobre la relación de los clientes con sus entidades financieras, puede que el de este anciano sea el que con más crudeza refleja la ira provocada entre diferentes capas de la población por el sector bancario en su huida hacia adelante. Titular de participaciones preferentes "bloqueadas" en una de las entidades controladas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), esperaba que esta restituyera el nominal de su inversión.

Parece frívolo decir que solo es un cliente airado perjudicado por cómo ha derivado la reforma del sector financiero hacia mecanismos que han perjudicado a sus clientes, si no fuera porque el número de afectados por las preferentes es muy elevado. Y porque la crisis y el incremento del paro han originado un reguero de desahucios y ejecuciones hipotecarias.

Los juzgados españoles procesaron 58.241 expedientes de desahucios en el 2011, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Cifra que supone un récord desde que hay registros y que representa un aumento del 22% respecto al 2010. Este incremento refleja el impacto que la crisis y el desempleo han tenido en la pérdida de viviendas, bien porque el inquilino no paga el alquiler (desahucios) o porque el propietario no es capaz de abonar su hipoteca (lanzamientos).

Las cifras son elevadas pero también generales, pues no se trata solo de viviendas, sino también de ejecución a promotores o de locales comerciales e industriales. Esa precisión no reduce, sin embargo, el problema, como se pone de relieve en las medidas legislativas que, por la presión social, ha aprobado el Gobierno para facilitar la dación en pago en determinados casos.

En marzo, el Ejecutivo dio el visto bueno al marco en el que se considera a alguien dentro del umbral de exclusión social: la familia debe tener a todos sus miembros desempleados; el pago de las cuotas, superar el 60% del conjunto de sus ingresos, y la ejecución, afectar a su única residencia. El valor de esta, además, no podrá exceder de 200.000 euros en las grandes poblaciones o de 120.000 en las pequeñas. Y el colectivo solo tendrá una protección especial si su entidad firma voluntariamente el código.

Las asociaciones de afectados consideran que la normativa --a la que la banca debe adherirse voluntariamente-- solo afecta a casos extremos, es decir, pocos. Tampoco se han detenido los desahucios por el hecho de que administraciones como la Generalitat catalana haya arbitrado mecanismos de negociación entre entidades y afectados, cuya eficacia es limitada. La realidad es que las condiciones para la dación son duras, pero también que la banca ha buscado fórmulas para negociar la continuidad del propietario en el piso. M. J. B.