El Gobierno estudia qué medidas aplicar con el fin de aliviar el problema que sufren muchas empresas por el retraso en los pagos de las administraciones públicas, sobre todo ayuntamientos y comunidades autónomas. El Ejecutivo "trabaja rápido" en ello, según reveló ayer el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña. Las medidas se conocerán "en semanas y no en meses" y "podrían" articularse a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), admitió Ocaña en un encuentro organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica.
El nuevo sistema de financiación autonómica incluye el compromiso de que el dinero adicional que reciban las comunidades se destine totalmente, o en parte, al pago de facturas atrasadas, sobre todo, en la sanidad.
Diferentes organizaciones empresariales están denunciando el grave perjuicio que supone para sus negocios la demora en los pagos de las administraciones públicas que, con frecuencia, supera el año y puede llegar a los 17 meses, muy lejos de los 60 días que marca la ley. Es imposible saber la cantidad total adeudada. Se habla de más de 30.000 millones, una cifra que el secretario de Estado calificó como una "pequeña exageración".
Ocaña dijo que el Estado paga a sus proveedores dentro del plazo legal y que los ayuntamientos siempre han pagado "con cierto retraso". Aunque admitió que este periodo puede haberse deteriorado por la crisis económica, aclaró que no todos los ayuntamientos "son iguales".
La Asociación de Empresas de Limpieza Pública (Aselip) calcula que la demora media en los pagos de los ayuntamientos oscila entre los 8 y los 9,5 meses. Los plazos superan los 16 meses en Andalucía y Canarias.
En las autonomías, la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) situó en 214 días (7 meses) el retraso medio en los pagos registrado a finales del 2007. Las demoras oscilaban entre los 582 días de Valencia y los 62 de Navarra.
Hasta ahora, las entidades financieras aceptaban adelantar las cantidades adeudadas, a cambio de cobrar un interés. Ahora que la morosidad se ha disparado, muchas no aceptan la garantía de ciertos ayuntamientos.
LAS FORMULAS El máximo responsable de Hacienda anunció también que el ministerio ha planteado a las comunidades que los fondos adicionales de la financiación autonómica no se destinen a más gasto, sino a reducir el déficit acumulado. Además, varias organizaciones empresariales demandan que una línea de avales públicos a través del ICO facilite que las entidades financieras adelanten a las empresas las facturas del sector público pendientes de pago. Ocaña dijo al respecto que "podría ser" y que ninguna medida debe aumentar el déficit.
