La Corporación municipal de Lucena debatirá en el junio la conveniencia de encargar un estudio externo sobre los fundamentos técnicos y económicos de la gestión de los residuos urbanos sólidos en Lucena. El Partido Popular ha elegido la fórmula de la moción para reforzar, formalmente, el acuerdo “verbal” pactado entre las diferentes fuerzas políticas al término del pasado año y que, de acuerdo a la versión de los populares, “ha incumplido” el equipo de gobierno socialista.

La disensión entre los grupos políticos impidió, a finales de 2021, renovar el convenio con Epremasa, empresa pública que planteaba un nuevo acuerdo de cuatro años más otros tantos prorrogables y se estableció una prórroga de doce meses al objeto de analizar las diferentes alternativas.

En los últimos meses, el PP ha mostrado su preferencia por una licitación directa desde el Consistorio porque, por ejemplo, esgrime esta formación, se evitaría la concatenación de subcontratas que concierta la Diputación de Córdoba. Con la finalidad de discernir las ventajas y los inconvenientes de cada método, los populares ya solicitaron un informe a realizar por una empresa especializada. El retraso del gobierno municipal, partidario de prolongar el vínculo con Epremasa, en encargar este análisis para aclarar “la viabilidad” de cada opción ha empujado a los populares a presentar una moción que señala el final de octubre como fecha límite de conclusión del estudio.

Como segundo “incumplimiento” del gobierno local socialista, el portavoz del PP, Francis Aguilar aludía a la presentación “por sorpresa y por vía de urgencia” de un nuevo convenio en la última comisión informativa de Urbanismo. La oposición no aceptó la inclusión de este punto en el orden del día.

Horas después de la comparecencia del PP, el alcalde, Juan Pérez, ha negado, explícitamente, la concurrencia de “ningún acuerdo” para la petición de un informe externo y, además, ha sostenido que “la propuesta de convenio que se lleva es tremendamente interesante” porque “mejora muchísimo el anterior”. El regidor ha insistido en remarcar que “todo el tratamiento de residuos” es gestionado por una empresa pública.