Martina Velarde y Miguel Ángel Bustamante, diputados de Unidas Podemos, han elevado hasta el Congreso de los Diputados la situación que desde hace unos meses están atravesando los 38 trabajadores de la planta de Zumosol en Palma del Río, quienes desde el año 2020 están sufriendo una situación de “precariedad e incertidumbre” derivada del "abandono" de la planta que la empresa Zumosol tiene en el municipio cordobés.
Así, a preguntas sobre la situación de la plantilla dirigida al Gobierno por los diputados Martina Velarde y Miguel Ángel Bustamante, el Ministerio de Trabajo y Economía Social, dirigido por Yolanda Díaz, ha asegurado tener "conocimiento de la situación que atraviesan los trabajadores y trabajadoras de Zumosol" y que "se dispondrán las medidas necesarias para interesarse por la situación y las posibles soluciones que los distintos organismos competentes tengan previsto emprender".
Desde el departamento que dirige Yolanda Díaz se señala a “la autoridad laboral competente" y subraya que es el Gobierno andaluz, presidido por Juanma Moreno, no está actuando de forma diligente para resolver el conflicto laboral que afecta a 38 años trabajadores de la planta de Zumosol que llevan varios meses sin cobrar.
Inadmisión de pregunta en el Parlamento de Andalucía
Desde Izquierda Unida apuntan que "como muestra de la dejación de funciones" del Gobierno andaluz ante la situación que atraviesa la planta de Zumosol en Palma del Río, Unidas Podemos ha denunciado que la Mesa del Parlamento de Andalucía ha rechazado la admisión de una pregunta, registrada por la diputada cordobesa Ana Naranjo, "al no existir relación directa entre la acción del Gobierno y el objeto de la pregunta”.
"Moreno Bonilla y su Gobierno, la Junta de Andalucía, tienen las competencias de mediación laboral y tienen que participar de forma activa para encontrar un solución a esta situación, que se hace ya insoportable para estos trabajadores a los que su Gobierno, el Gobierno de Andalucía, les da la espalda por el mero hecho de no querer cumplir con sus responsabilidades", ha denunciado Martina Velarde, diputada por Córdoba en el Congreso y coordinadora andaluza de Podemos Andalucía.
Respuesta de la Junta
Por su parte, el delegado territorial de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta en Córdoba, Ángel Herrador, ha aclarado este lunes que el Gobierno regional mantiene una actitud "activa" en este conflicto, "incluso antes del inicio del mismo".
Así lo ha remarcado el delegado, en declaraciones a Europa Press, subrayando que "siempre" han ofrecido "las herramientas y recursos" de los que dispone la administración autonómica, "dentro de su ámbito competencial, ante la situación por la que pasan los trabajadores", de modo que "la participación de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo en este asunto poco tiene que ver con lo expuesto por Velarde".
Al respecto, ha defendido que "desde la Delegación Territorial se ha llevado a cabo un seguimiento de la situación de la empresa, que empezó el 1 de julio de 2020, antes incluso del inicio del conflicto, y que ha continuado con los dos ERE que afectaban a 33 trabajadores".
En este sentido, ha señalado que desde las competencias de la Junta, "se han mantenido más de una decena de reuniones con representantes de la empresa y los trabajadores, poniendo al servicio todos los instrumentos con los que contamos desde nuestro marco competencial". Entre otras actuaciones, "hemos intermediado, corregido informes, estudiado expedientes de regulación de empleo y un largo etcétera de procedimientos para intentar salvaguardar en todo momento que este conflicto finalice sin pérdida de puestos de trabajo", ha aseverado Herrador.
Además, ha apuntado que "la Delegación de Empleo y la propia Consejería tienen una continua interlocución con el sindicato representativo en la empresa, CCOO, así como con los propios trabajadores". "Una colaboración plena y total, que busca sobre todo el mantenimiento del empleo, desde nuestro ámbito de actuación, y que aboga por el diálogo", ha remarcado.
Los objetivos
Asimismo, "y ante el desacuerdo producido por la titularidad de la empresa", el delegado ha señalado que tanto la consejera como él han mantenido en lo que va de año varias reuniones con representantes de Zumos Palma y Cegeplas "para intentar dirimir y solucionar esta cuestión".
De este modo, ha aclarado que su objetivo es "doble: por un lado solventar la situación de los trabajadores, y por otro, ofrecer una salida factible y solvente a esta empresa, porque ello repercute en beneficio para toda la comarca".
Por tanto, Herrador ha reivindicado que desde su Delegación seguirán "acudiendo a cuantas reuniones soliciten" y ha vuelto a poner a disposición de las partes el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla), "instrumento de mediación para dirimir conflictos, para evitar la judicialización excesiva de la conflictividad laboral, favorecer la autonomía colectiva y promover medios propios de solución".
