El Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO ha recibido dos comunicaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Córdoba respondiendo a sendas denuncias presentadas por el sindicato contra la empresa del grupo ADL que atiende el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de Montemayor por considerar que se estaban vulnerando derechos en materia de prevención y protección contra el coronavirus y por detectar que varias trabajadoras estaban con contratos en fraude de ley, algunos de ellos, con tiempo superior a tres años de duración.
Una de las denuncias que presentó CCOO a final del año 2020, tras comprobar que no se dotaba de los equipos de protección individual (EPIs) necesarios y adecuados para hacer frente al riesgo de contagio al coronavirus, ha sido resuelta más de un año después de presentarse ante la Inspección de Trabajo, que ha requerido a la empresa la puesta a disposición de los y las profesionales de los equipos de protección individual según los supuestos que concurran en cada momento y debiendo hacer entrega a los trabajadores y trabajadoras de los equipos de protección adicionales para los supuestos de exposición de riesgo: bata desechable UNE EN 14126:2004, protección ocular UNE EN 166 y calzas impermeables UNE EN 14126.
La segunda denuncia se presentó en agosto del 2021 tras haberse solicitado a la Dirección de la empresa en varias ocasiones copias de los contratos y relación contractual de las trabajadoras de la citada empresa. Al no responder al requerimiento de la representación sindical, desde CCOO se procedió a comprobar la situación de las trabajadoras con contratos eventuales del SAD ADL de Montemayor, verificándose que esta empresa mantenía a personal contratado en situación de fraude de Ley, puesto que realizaba contratos por Obra y Servicio sin justificar adecuadamente la temporalidad de la causa motivo del contrato, cuando ésta debe de estar identificada por escrito de manera clara y concreta en el contrato de trabajo. Igualmente, el sindicato ha recibido resolución de la inspección de Trabajo en la que se notifica a CCOO que la empresa ha procedido a la corrección de las irregularidades en materia de contratación laboral, pasando los contratos fraudulentos a fijos.
