El sector agrario cordobés pide el apoyo de los ayuntamientos

Las organizaciones representativas del sector agrario de Córdoba -Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias- han enviado un escrito a los ayuntamientos de la provincia en el que muestran su rechazo al tratamiento que el sector agrario andaluz recibe en la nueva PAC, que arranca en el periodo transitorio 2021-2022 y que tendrá como base su Plan Estratégico de la PAC a partir del año 2023.

En un comunicado, recuerdan que en el marco actual 2014-2020 se reconoció la diversidad productiva cordobesa y española mediante el establecimiento de 50 regiones de ayuda definidas en atención a la comarca geográfica, a la orientación productiva y a los niveles de ayuda consolidados por los agricultores y ganaderos. A su vez, se implantó un sistema de convergencia, que aproximaba el valor de los derechos de pago de los productores integrados en una misma región de forma moderada, paulatina y con limitación en su impacto sobre la renta individual de los agricultores y ganaderos afectados.

El principal objetivo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para los próximos años pasa por reducir el número de regiones y por impulsar un modelo en el que todas las hectáreas cobrarán igual para finalizar eliminando los derechos nominativos de los agricultores y permitiendo la entrada en el régimen de ayudas de superficies que, salvo excepciones, nunca han producido.

Esto supondría, en el peor de los escenarios, según las organizaciones agrarias, una pérdida de alrededor del 50% de los 300 millones de euros que reciben actualmente, entre pago básico y pago verde, los más de 40.000 perceptores cordobeses. Es, por tanto, una propuesta que no respeta la importancia del complejo agroalimentario cordobés, conformado por un universo de agroindustrias cooperativas y explotaciones que asienta la población en el territorio, favorece la conservación del medio ambiente y genera empleo y riqueza.

Por todo ello, las organizaciones piden a los plenos de los ayuntamientos que se sumen al rechazo del real decreto de convergencia por ser "innecesario porque condiciona el futuro de muchos agricultores y ganaderos cordobeses y porque determina las negociaciones de cara a la nueva PAC". Así, se solicita al Ministerio de Agricultura su retirada para continuar con el ritmo de convergencia paulatino que se había acordado para el período actual.