Este lunes se produjo en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Posadas la declaración de J.R. como investigado por el crimen de Juan Carlos Rodríguez Borrego, cuyos restos aparecieron enterrados en el patio de su casa, en la Chica Carlota, en agosto del 2018 después de estar desaparecido casi un año.
J.R., abogado, solo respondió preguntas de su representante legal, negándose a contestar a las cuestiones planteadas por el Ministerio Fiscal y por la acusación particular, ejercida por la familia de Juan Carlos Rodríguez Borrego. Así, J.R. aseguró que no conocía personalmente ni había visto nunca a P.G., presunto autor del crimen y por el que está en prisión preventiva desde su detención, hace dos años, y que solo se limitó a ponerlo en contacto con Juan Carlos Rodríguez Borrego.
Sin embargo, el propio juez preguntó al compareciente que este había llevado expedientes de diversos casos en los que había estado implicado P.G. en el pasado, a lo que J.R. contestó que era un cliente como otro cualquiera.
En la propia investigación de la Guardia Civil se recogen a lo largo de los ocho tomos de los que consta, multitud de correos electrónicos y mensajes en los que se aprecia claramente el contacto entre los implicados en el crimen e incluso de la propia víctima.
La representación legal de la familia de Juan Carlos Rodríguez Borrego presentará sendos escritos al juzgado con las preguntas que no pudo hacer al investigado al negarse este a declarar, salvo ante las preguntas de su propia defensa.
Contra P.G., el juez de Primera Instancia e Intrucción número 1 de Posadas que instruye el caso dictó prisión preventiva en junio del 2018. Esta prisión preventiva fue prorrogada por dos años más en junio del pasado año. P.G. está en la cárcel como presunto autor material de los hechos que conmovieron a esta pequeña localidad cordobesa, así como por otros delitos por los que fue detenido cuando utilizaba el vehículo particular de la víctima y portaba un pasaporte colombiano falso.
Aparte de la declaración de este lunes como investigado de J.R., otras personas han sido llamadas a testificar en las últimas semanas como testigos: dos excompañeros del piso de alquiler donde vivía P.G. en Carabanchel, el propietario de un locutorio a donde llevaron los móviles del fallecido, el mecánico que reparó el vehículo de la víctima, un Land Rover que resultó clave en la investigación y apareció en Madrid conducido por P.G, un sacerdote y amigo del investigado, y el propietario de la ferretería de Valdepeñas (Ciudad Real), donde supuestamente esta persona que se hacía pasar por sacerdote compró, con la tarjeta del fallecido, un pico de grandes dimensiones, con el que los investigadores entienden que enterró a la víctima en el propio huerto de su vivienda.
La fase de instrucción del caso parece entrar en su recta final y tras la misma el juez deberá señalar la fecha de la apertura de la vista oral, aunque antes se prevé que al menos una de las defensas presente diferentes recursos.
