La alcaldesa de Baena, anunció ayer que, tras varias reuniones del equipo de gobierno con los grupos de la oposición, han solucionado el expediente de contratación de la ayuda a domicilio, un «problema vital». Añade que «hemos alcanzado un acuerdo y hemos definido qué pasos vamos a dar» para que este expediente se pueda concluir lo antes posible.

Ramón Martín, primer teniente de alcalde, explicó que han acordado licitar el servicio, que «se contratará por dos años, con tres prórrogas de un año». De esta manera, se irán «cotejando anualmente los objetivos que debe de cumplir la empresa que se quede con el servicio». Ahora hay que llevar a cabo la parte técnica y la modificación del pliego, por lo que al pleno del mes de enero «no puede ir pero irá al siguiente y nos garantizamos un servicio seguro». Martín afirmó que al equipo de gobierno «nos interesa el bienestar de todos los que utilizan este servicio y de los trabajadores». Por su parte, la alcaldesa quiso explicar que a consecuencia del paso del tiempo, «un año paralizado», se tienen que revisar determinados documentos técnicos que constan en el expediente, como por ejemplo hay que actualizar la relación de trabajadores que actualmente prestan el servicio y también habrá que modificar el informe económico, «por eso no va a pleno este mes».

Piernagorda, ante las últimas declaraciones del PSOE e IU, recordó cómo se ha llegado a esta situación de tener el contrato de ayuda a domicilio caducado. Señala que en noviembre del 2018, «cuando gobernaba el PSOE con mayoría absoluta», el contrato caducó, aunque desde mayo de ese año tanto los servicios técnicos como la oposición «advirtieron que había que sacarlo a contratación». Sin embargo, el «PSOE no puso en marcha la licitación y dejó caducar el contrato y la prórroga». En junio del 2019 «retomamos los pliegos y negociamos con todos los partidos» y se incluyeron las propuestas de IU. Fue en el pleno de septiembre del 2019 cuando se aprobó el pliego para la contratación de la ayuda a domicilio. Pero en febrero del 2020 la oposición «paralizó el procedimiento aprovechando un resquicio y pidieron estudiar la gestión directa». Con el contrato caducado, «la empresa cobra más tarde porque las facturas pasan a reconocimiento y las aprueba el Pleno».