Las declaraciones de la madre de la niña de 13 años de Baena que sufrió la agresión sexual consecutiva de seis jóvenes reclamando que se endurecieran las penas para este tipo de casos ha vuelto a abrir el debate de las modificaciones legales, en este caso de la Ley del Menor.

La delegada de Justicia en Córdoba, Mercedes Mayo, expuso ayer el punto de vista de la Junta de Andalucía. Mayo coincidió en que es necesario abrir un debate y una reflexión social, si bien indicó que la Junta es contraria a la reducción de la edad penal del menor "basada en hechos que afortunadamente son excepcionales". Asimismo, abogó por actuar desde la prevención y criticó "la actuación de ciertos programas de televisión que no ayudan a la educación en valores de los jóvenes". También consideró necesario establecer "otros mecanismos de intervención" sobre los menores de 14 años independientes a la vía penal.

Por su parte, el presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Eduardo Baena, se sumó a las declaraciones "de dolor e impacto" ante lo ocurrido y afirmó que "ya va siendo hora de que nos miremos a nosotros mismos y reflexionemos en qué nos estamos equivocando para que ocurran estas cosas". Baena recalcó que es "más partidario de políticas preventivas que de medidas sancionadoras" e instó a la sociedad a "pensar si estamos dando a la juventud una educación en valores".

El delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, consideró "normal" que tras hechos de esta índole la sociedad plantee una reforma de la Ley del Menor, si bien ha insistido en que "no se trata de un problema policial, pues ya están detenidos y puestos a disposición judicial y se le aplicarán las leyes, sino social", según recoge Efe desde Huelva.

Tras calificar el caso como "tremendo" y "capaz de remover a cualquier persona con un mínimo de sensibilidad" y mostrar su respeto y solidaridad a la familia de la víctima, el delegado ha precisado que no solo habría que reflexionar sobre el aspecto represor, sino también sobre la respuesta social previa y la formación que reciben estos jóvenes tanto en el ámbito familiar como social.

Francisco García-Calabrés, Defensor de la Ciudadanía de Córdoba, se ha pronunciado destacando su preocupación por la niña y porque "el impacto mediático pudiera perjudicarla". Para el Defensor, "la actuación sanitaria y la de justicia ha sido la correcta, ya que hay menores de 14 años que no son imputables penalmente". Por último, ha señalado que aún no se ha puesto en contacto con la familia para ponerse a su disposición porque está esperando un tiempo prudencial.